Una campaña entre rejas

El primer acto de la campaña electoral de Junqueras consiste en su ingreso en prisión. Será la celda de Estremera su espacio privilegiado de propaganda victimista, su oficina de reclutamiento. No tardará Oriol en compararse a Gandhi ni a Mandela. Convertirá a los siete consellers encarcelados en los siete samuráis, perfilando entre todos la pasarela melodramática del martirio. Y reclamando a sus votantes la solidaridad masiva de las calles y de las urnas. Le ha concedido la juez Lamela a Puigdemont una reanimación providencial, pero la gravedad de los delitos —rebelión, sedición, malversación— en que podría haber incurrido el vicepresidente y sus costaleros contradice que se les hubiera tratado con indulgencia, piedad o condescendencia. La justicia no puede plegarse a la oportunidad política. Sería incongruente y hasta peligroso inculcar en la sociedad el escrúpulo del Estado de derecho y el principio fundacional de la separación de poderes para luego someterlos a la conveniencia de la agenda electoral.

No ha tenido dudas la Audiencia Nacional. El internamiento de los reclusos en Alcalá de Henares y Estremera demuestra que resultaba prioritario desactivar el grupúsculo secesionista y sustraerlo al riesgo de una conspiración en movimiento. Les conviene a todos la imagen lastimera de “la crueldad del Estado español”, pero también les conviene familiarizarse con el horrendo horizonte penal que se les avecina. Bien lo sabe Puigdemont, cuya fuga de vodevil a Bruselas retrata la angustia del condotiero que titubea y se humaniza. Pesan las cadenas más de cuanto imagina la euforia carcelaria de Junqueras. La juez Lamela puede exponerse —incluso debe— a un cuestionamiento jurídico, judicial, técnico de su criterio, pero no se le puede reclamar que sus decisiones se atengan a la coreografía de la conveniencia socio-política, menos aún plegándose al chantaje atmosférico que ha pretendido hacérsele. No sólo responsabilizándola del peligro de la iracundia popular que podría conllevar el encarcelamiento de los reos. También sugiriéndole que la expiación carcelaria de Junqueras y sus muchachos fortalece el discurso del martirio. Ya se han ocupado de asumirlo como propio Ada Colau y Pablo Iglesias, aludiendo a la frivolidad y persecución de los presos políticos.

Mariano Rajoy ha acertado con la decisión más importante de su trayectoria política. Ha activado el 155 en el momento adecuado y en el plazo justo. No ya consciente de que resultaba impracticable sobreponer en Cataluña una administración paralela e infiltrada, sino restringiendo la “invasión” a una especie de trámite electoral que ha depurado la insurgencia en su máxima jerarquía y que neutralizaba hasta este mismo jueves el ejercicio victimista de la “okupación”.

Seguro que el presidente del Gobierno hubiera preferido medidas preventivas menos contundentes, pero no tiene sentido defenderse y reivindicarse la integridad del Estado y la religión de Montesquieu para luego profanarla como han hecho Puigdemont, Junqueras y sus secuaces. Podrán ganar las elecciones en la cárcel. Difícilmente podrán gobernar desde ella.