La niña con cáncer que no puede elegir colegio por la burocracia
Ángela quiere asistir al instituto más cercano a su domicilio en Málaga donde están escolarizadas su hermana y una prima, algo que considera “esencial” porque la “apoyan”
Ángela, de 13 años, lo explica muy bien en la carta con letra pulcra y algún tachón que ha hecho llegar a la delegación de Educación en Málaga. Se está recuperando de un cáncer, lleva 16 meses sin asistir a clase por la enfermedad y ahora quiere ir al instituto más cercano a su domicilio en esta capital, a solo cuatro minutos andando y donde están escolarizadas su hermana pequeña y una prima, algo que considera “esencial” porque la “apoyan”. Pero Ángela recibe clases en casa y no está matriculada en este centro porque no tiene plazas vacantes para cursar Segundo de la ESO, el que le corresponde. La Junta dice que es “sensible” con este asunto, pero alega que no puede saltarse la normativa y que ha ofrecido seis alternativas que han sido rechazadas por la familia. El tema, que destapó la Cadena SER, está judicializado.
Los padres de la menor son malagueños y hace 18 años se trasladaron a vivir al municipio almeriense de Vera. Allí nacieron sus dos hijas, Ángela y Victoria, de 8 años. A la mayor le diagnosticaron en mayo de 2016 un linfoma difuso de células B grandes, en estadio 4, del que se está tratando en el Hospital Materno-infantil de Málaga, centro elegido por las garantías que ofrece y porque en esta ciudad está su familia, explica la madre, Paloma Moreno. Ángela estuvo siete meses prácticamente hospitalizada, mientras recibía quimioterapia, y ahora se recupera de la enfermedad, con revisiones periódicas. Se encuentra bien, pero con fuertes dolores de espalda y “débil, se agota”.
Cuando la cría enfermó, el padre, que es profesor, pidió una excedencia y ahora trabaja en Málaga en comisión de servicio. La madre, abogada y con despacho en Vera, cada vez se ocupa de más asuntos a distancia, pero necesita estar dos o tres días a la semana en la localidad almeriense. La hija pequeña asiste a clase desde el curso pasado en el centro concertado de La Asunción, tras quedarse a cargo de una de sus tías. Y es aquí donde Ángela pretendía estudiar. “Si ella se encontrara mal en algún momento de la mañana, podría regresar a casa, que está a tres o cuatro minutos andando”, subraya su madre.
En este centro se presentaron 11 solicitudes de entrada para Segundo de la ESO y Ángela quedó en cuarto lugar y solo entraron las tres primeras. La delegación de Educación apunta que no puede incumplir la normativa, porque no hay plazas vacantes, y que la ley “no admite este tipo de excepcionalidades" -la enfermedad del cáncer no se considera discapacidad, situación con la que se puede sumar dos puntos más al cómputo total-, además de que se conculcarían “los derechos” de los menores puntuados por delante de ella en el baremo. A la familia se le ofrecieron otros seis centros y la niña fue reubicada finalmente en el instituto público Mediterráneo, que sus padres rechazan por las dificultades físicas que tendría Ángela para desplazarse. “Tiene que bajar una cuesta, coger el transporte público y subir otra cuesta”, ilustra Moreno, que recuerda que el matrimonio no tiene disponibilidad diaria para llevar y recoger a su hija por el trabajo.
La familia pidió protección a la Fiscalía de Menores, a la que informó de la falta de escolarización de la cría y le remitió los informes médicos, y el ministerio público emitió un dictamen en el sentido de que se conceda la plaza si se dan los requisitos legales.
En junio pasado, después de que la Junta rechazara la concesión de plaza en La Asunción, los padres recurrieron a la vía contencioso-administrativa y solicitaron como medida cautelar la admisión de la niña en este centro. La resolución del juzgado es interpretada de forma distinta por cada parte, pero en cualquier caso no es firme. Educación aduce que se ha desestimado esa medida cautelar. La madre apunta que lo que se ha denegado es la decisión de adoptarla o no “hasta que no escuche a la otra parte”, es decir, a la Administración.
“Hablamos de proteger a Ángela”, sostiene su madre, que al margen de la vertiente judicial, habla de las circunstancias especiales de su hija y de su delicado estado de salud. “Me siento excluida”, escribe la niña en su carta.
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