Cada año se matan de forma ilegal hasta dos millones de aves en Europa

Cada año se matan y se capturan de forma ilegal entre 0,4 y 2,1 millones de aves en el norte y centro de Europa y en la región del Cáucaso, según el informe The killing 2.0 publicado este martes por Birdlife International. La organización denuncia que se las dispara o se las captura con cepos o trampas de pegamento por deporte, consumo o tradición. Según la investigación, el 66% de las 457 especies nativas del continente europeo se ven afectadas por estas prácticas.

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Las aves acuáticas son las más perjudicadas seguidas de las paseriformes, las rapaces y las palomas. Concretamente, las especies más amenazadas son el gorrión común (con una pérdida de 4,7 millones de ejemplares al año), el pinzón vulgar (2,9 millones), la curruca capirotada (1,8 millones) y la codorniz común (1,7 millones). La mayor parte de las prácticas ilegales tienen un interés gastronómico y recreativo. El informe también cita el control de depredadores o la taxidermia entre las causas de la mortalidad de estas aves en el continente europeo.

Con The Killing 2.0, Birdlife International completa la panorámica de la caza y captura ilegal de aves que inició en 2015 con su análisis en la región mediterránea, donde mueren cada año por esa causa unos 25 millones de ejemplares. “Las cifras de mortalidad y captura ilegal en la Europa continental y en el Cáucaso no son tan dramáticas como las de la región mediterránea. En Italia, por ejemplo, se estima que mueren entre 3 y 8 millones de aves por métodos ilegales cada año. Siria, Egipto, Chipre o Líbano también ofrecen cifras alarmantes”, explica el responsable de Especies de SEO/BirdLife, Nicolás López.

En España, entre 103.000 y 405.000 aves son capturadas o aniquiladas ilegalmente cada año. El responsable del área Legal de SEO/Birdlife, David de la Bodega, señala que no siempre se puede hacer una valoración exacta de la mortalidad en un país. En el caso de España, los datos utilizados provienen de los centros de recuperación de fauna. De la Bodega subraya que esta estimación no tiene en cuenta el silvestrismo, que consiste en capturar fringílidos para su participación en concursos de canto y es “una práctica que continúa autorizándose en algunas comunidades autónomas y que a juicio de la Comisión Europea es ilegal".

En el centro y norte de Europa y en la región caucásica, las naciones en las que mueren más ejemplares son Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Alemania y los Países Bajos. Los cerca de 30 estados en los que se ha estudiado la matanza de aves son miembros del Convenio de Berna, un tratado europeo para la conservación de especies salvajes y hábitats del continente. Este acuerdo prohíbe la captura de aves por métodos masivos y no selectivos, establece un listado general de protección de la fauna y obliga a reservar espacios protegidos para determinados animales.

La autora de The killing 2.0, Anne Laure Brochet, señala que aunque los países deberían priorizar las obligaciones internacionales a la legislación nacional, no siempre lo hacen. Por lo tanto, la matanza ilegal de aves continúa siendo un problema. “La sociedad civil ahora puede presionar a los gobiernos para que implementen adecuadamente la legislación sobre el terreno, ya que para abordar esta cuestión se requerirá un compromiso político  y una inversión mucho mayores y sanciones más estrictas”, explica Brochet.

Algunos países ya han tomado medidas concretas. Por ejemplo, Francia sanciona desde agosto de 2016 la matanza ilegal de especies protegidas con penas de prisión de hasta dos años o multas que pueden ascender a los 300.000 euros, y en Italia se aprobó en marzo de 2017 un plan que, entre otras medidas, prevé la creación de unidades policiales que garanticen el cumplimiento de la normativa.

El encargado del área Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, lamenta que la impunidad en delitos contra la fauna sigue siendo casi absoluta en la UE. “En España en los últimos 20 años ha habido unos 8.500 episodios de envenenamiento, que son delitos contra la fauna e implican la muerte de varias aves. Sin embargo, solo ha habido 70 sentencias condenatorias”, sostiene. Para él, el problema persiste porque se sigue considerando que estas prácticas son delitos menores, se desconoce su impacto en la conservación de la biodiversidad, falta una mayor priorización en su abordaje y hay una escasez de recursos destinados a la lucha contra este tipo de criminalidad ambiental.