Crisis y oportunidad

La reacción del Gobierno a la maniobra tramposa de proclamar la independencia dejada inmediatamente en suspenso ha devuelto la pelota al tejado de Carles Puigdemont y ha abierto para España una ventana de oportunidad inesperada y positiva.

El requerimiento del Gobierno de España a la Generalitat obliga al Govern a pronunciarse sin ambigüedad sobre esa supuesta declaración de independencia que ni siquiera fue sometida al voto parlamentario. Y le ofrece al tiempo la oportunidad de situarse todavía del lado de la legalidad, renunciar a las maniobras de desconexión y dar el paso decisivo para demostrar que su cacareada voluntad de diálogo es algo más que propaganda. De lo contrario, quedará claro que la oferta gubernamental ha dejado sin discurso a los independentistas y que su propuesta de diálogo solo admitía la negociación bajo chantaje, en cuyo caso la intervención parcial y gradual de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución sería el camino más recomendable a seguir y, a estas alturas, el que mejor servicio puede hacer para proteger la maltrecha institucionalidad catalana.

El único diálogo y la única mediación posibles son los que se produzcan bajo la legalidad y en el Parlamento, exclusivo marco en el que en una democracia europea se dirimen las diferencias. El acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno con el Partido Socialista y al que se ha sumado Ciudadanos, que incluye una comisión parlamentaria para modernizar y reformar la Constitución, ofrece una salida airosa a Puigdemont si es que de verdad quiere dialogar en beneficio de las reivindicaciones de más autogobierno para Cataluña.

PP, Ciudadanos y PSOE se coordinan por vez primera para emprender una tarea de Estado

Un elemento fundamental en esta coyuntura confusa es la seguridad ciudadana. Más aún que la política o la economía, constituye requisito previo de estabilidad y bienestar. Por eso es imprescindible que todos los cuerpos e instituciones dedicados a garantizarla estén en disposición de hacerlo. Si el papel de los Mossos d’Esquadra como policía integral y como policía judicial se ve cuestionado por la probada predisposición de la Generalitat a utilizarlos como policía al servicio de una causa, deberá ser el Gobierno quien garantice esas funciones. Podría —y quizá debería— hacerlo sin necesidad de esperar a la aplicación del 155. Pero, en todo caso, este artículo de la Constitución va a dejar amplios recursos en manos del Gobierno para restablecer la estabilidad jurídica y social que tanto se necesita. Puigdemont está todavía a tiempo de impedir esa intervención del Estado que, aun siendo recomendable, representa sin duda un trauma que sería mejor evitar. Para ello, Puigdemont solo tiene que hacer una cosa: poner fin a esta loca aventura en la que ha embarcado a los ciudadanos, a muchos de ellos con engaños y falsedades.

La oferta pactada por el Gobierno y el PSOE es también una oportunidad para el conjunto de este país. Abre un nuevo escenario político que acogemos muy favorablemente. Durante mucho tiempo hemos reclamado una reforma capaz de adaptar la Constitución a las nuevas demandas sociales y reajustar el complejo entramado territorial de un país descentralizado en el que demasiado a menudo se sufren tensiones soberanistas.

Resulta preocupante que Podemos niegue la gravedad de la actuación del Govern

Frente a los daños ya causados, empiezan a vislumbrarse algunas consecuencias positivas de esta crisis, como se apreció en el pleno de ayer en el Congreso. PP, Ciudadanos y PSOE se coordinan de momento y por vez primera para emprender una importante tarea de Estado. Reformar la Constitución, aunque ahora se observe como una tarea titánica y lejana, sería un paso esencial para que España pueda renovar el impulso democrático y modernizador que animó en su momento la Transición española.

En contraposición, no podemos más que condenar con toda rotundidad la actuación de Podemos. Que en un momento de aguda crisis política, cuando la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Autonomía está en entredicho —y con ellos los derechos y libertades de los catalanes— Pablo Iglesias no solo niegue la gravedad de la actuación del Govern sino que elogie la figura de Puigdemont, resulta del todo preocupante. No cabe ya ninguna duda del servilismo de Iglesias ante el proyecto independentista. La alianza entre el populismo de Podemos y el nacionalismo xenófobo de Puigdemont es hoy una seria amenaza a la Constitución, la convivencia democrática y el futuro común de los españoles. El papel, además, de Ada Colau como puente entre ese proyecto rupturista de extrema izquierda y el independentismo hace el efecto de una terrible pinza que anima a los demócratas a bajar los brazos.

Resulta difícil de entender tanta comprensión hacia un Govern que no ha hecho más que violentar las leyes y abrazar una estrategia más propia de trileros que de un Ejecutivo democrático. Ante un momento tan decisivo y con una oferta de diálogo real, legal y legítimo para renovar el pacto constitucional y reforzar la democracia y el progreso, son muchos los que ahora se van a ver enfrentados a sus contradicciones.