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La comunidad implícita

El soberanismo catalán promueve el referéndum por la búsqueda de reconocimiento

Carles Puigdemont y Ada Colau en una concentración el 2 de octubre en protesta por la actuación policial el 1-O.
Carles Puigdemont y Ada Colau en una concentración el 2 de octubre en protesta por la actuación policial el 1-O. EFE

El punto ciego común a las teorías de la secesión es delimitar el demos. Dicho de otra manera, hacer explícita la comunidad política que tiene derecho a un Estado propio. La respuesta que da la Constitución española es que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español. Así pasa en casi todas las Constituciones. Sin embargo, las lecturas políticas que hablan del “divorcio” entre Cataluña y España apuntan una relación entre dos sujetos equivalentes en un acuerdo de convivencia revisable. Un enfoque bien diferente.

Una razón por la que el soberanismo catalán promueve el referéndum es por la búsqueda de reconocimiento. Su argumento asume que una comunidad sólo puede autodeterminarse a través de este instrumento. Por lo tanto, en el momento que el plebiscito tuviera lugar se estaría reconociendo de facto que Cataluña es un sujeto político autónomo con derecho a la independencia.

Sin embargo, nos seguimos topando con el límite de cómo identificar ese demos soberano. Desde una perspectiva primordialista, existen otros territorios en España y en el resto del mundo con lenguas, culturas e historia propias. Desde una perspectiva social, la mayoría de identidades son compartidas —entre sentirse español y catalán— o incluso hay catalanes que sólo se sienten españoles. Y desde una perspectiva política, las preferencias por el referéndum o la independencia son oscilantes y activables por actores partidistas o sociales —sin saberse a partir de qué umbral demoscópico consideramos como comunidad (¿nación?) a un territorio—.

Ni siquiera desde una perspectiva territorial podemos establecer criterios claros. ¿Por qué delimitar el demos catalán al Principado y no extenderlo a los Països Catalans? O planteado a la inversa, como apunta la Clarity Act de Canadá: ¿por qué debería integrarse en una Cataluña independiente un municipio o provincia en la que el resultado de un referéndum fuera permanecer en España? Dados estos límites, parece derivarse que la idea de comunidad se basa en una relación de fuerza (política) en un contexto determinado.

La paradoja es que justamente este punto ciego ha permitido cierta flexibilidad en la evolución del conflicto territorial dentro del Estado; el sujeto político —no el legal— quedaba implícito. Al fin y al cabo, el desarrollo del Estado de las autonomías fue posible a pesar de que no había autonomistas en España —pero sí los había en las comunidades “históricas”—.

No hacía falta clarificar la base de la representación en tanto que todos los actores políticos se sintieran cómodos dentro del marco cambiante.

Pero sin duda ese modelo está enterrado. Erigida la mayoría parlamentaria independentista en poder constituyente en Cataluña, la legalidad española y el encaje implícito se han vuelto mutuamente incompatibles. Por eso, el modelo que esté por venir será bien distinto. Por eso, las próximas horas son cruciales.

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