La hora del Gobierno

El plan insurreccional de los independentistas avanza a todo ritmo siguiendo una hoja de ruta marcada hace tiempo sin que del lado del Gobierno se plantee iniciativa alguna para frenarlo.

El rey Felipe VI defendió el martes el prestigio de la Corona y el suyo propio con una apelación clara a “la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado” para asegurar “el orden constitucional”. Ante una situación de “extrema gravedad”, el monarca ofreció a todos “la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos”.

Corresponde ahora al Gobierno, principalmente, pero también a la oposición, la elaboración de un plan que ofrezca un camino para la restauración del Estado de derecho comprometida por el Rey y que devuelva el sosiego a la sociedad catalana y española en su conjunto. La comparecencia de esos poderes “legítimos” citados por el monarca y personalizados principalmente en Rajoy y su Gobierno, pero también en las principales fuerzas elegidas por los ciudadanos en el Parlamento, muy particularmente el PSOE, es urgente para intentar hallar el cauce perdido.

Vivimos un momento de gravedad excepcional en el que el Partido Popular, como partido más votado y gobernante, pero también el Partido Socialista y las demás fuerzas con representación parlamentaria que defienden nuestro régimen constitucional tienen que dar un paso al frente para diseñar ese plan, agruparse en torno a él y cerrar la puerta a cualquier fisura por la que pueda seguir escapando la ya tocada estabilidad. Rajoy no puede seguir de perfil cuatro días después de la jornada del 1 de octubre y a cuatro días de la fecha señalada para la declaración de independencia. El Partido Socialista no puede seguir en la contradicción constante, diciendo apoyar por un lado el orden constitucional mientras defiende un diálogo inconcreto y sin condiciones previas con quienes instigan la insurrección y promueve, al mismo tiempo, una incomprensible y torpe reprobación de la vicepresidenta del Gobierno.

La prioridad es solo una en estos días y así deberían entenderlo todos los parlamentarios: restablecer el orden constitucional; y solo desde esa restauración trabajar para reformarlo, ahí sí, con discrepancias, con propuestas y contrapropuestas, pero dentro del marco democrático sellado por los votos de los españoles, incluidos los catalanes. La Constitución se cumple, aún para reformarla, pero no se negocia, y nadie está capacitado para hacerlo.

24 horas después del discurso del Rey, Puigdemont compareció para redoblar su desafío al Estado. El president —envalentonado en las formas y en el contenido— dirigió un mensaje en el que, como si ya fuera el jefe de un Estado en ciernes, y pretendiendo hablar en nombre de todo el pueblo catalán, increpó a Felipe VI: “Así no”, le dijo, acusándole de haber decepcionado a los catalanes. Un nuevo episodio en la escenificación de la ruptura institucional. Detrás del señuelo del diálogo que ofreció, Puigdemont confirmó que no se moverá un milímetro de su hoja de ruta independentista. Su guion está escrito. El del Rey también. Es hora de que el Gobierno, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, diseñen, exhiban y pongan en práctica su plan.