Por qué no votar el 1-O

Los catalanes han votado en democracia sobre su futuro en 45 ocasiones —38 en comicios de ámbito nacional, autonómico o local, y siete en elecciones europeas—. Ante todas estas convocatorias —elecciones de distinto nivel o referendos legales—, EL PAÍS ha llamado a la participación, que es uno de los derechos democráticos fundamentales consagrados en la Constitución y por ella garantizados. Y lo ha hecho porque, en democracia, el voto sirve para representar la pluralidad, dar el poder a Gobiernos que sirvan a los ciudadanos y someter a estos a control ante sus eventuales excesos.

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Nada de esto por desgracia concurre en la convocatoria del referéndum que ha organizado el Gobierno de la Generalitat para mañana. Se trata de una cita suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y prohibida, por antiestatutaria y anticonstitucional, por varias resoluciones, del propio TC y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y que se basa en unas leyes que derogan ilegítimamente el Estatut y la Constitución, tras el ignominioso golpe parlamentario que excluyó de su elaboración a la mitad de la Cámara catalana.

Por si todo eso fuera poco, no se cumplen los requisitos que el president Carles Puigdemont aseguró que adornarían el evento: que sería un referéndum efectivo y con garantías. Al contrario, viola hasta las disposiciones del propio texto de la (ilegal) ley del referéndum del 6 de septiembre. No será efectivo, porque toda su intendencia ha sido legítimamente desarbolada por las fuerzas del orden. Carece de toda garantía: hasta de la estética, pues su logística fue presentada ayer en una rueda de prensa de pago realizada en un local privado del tiburón beneficiado por la radiotelevisión pública autonómica. Sin autoridad electoral (el propio Govern disolvió la “sindicatura”); sin censo disponible; sin mesas; sin conocimiento de los colegios electorales; sin sistema fiable de recuento... la única garantía es que si llegase a celebrarse siquiera un remedo de consulta, sería un pucherazo, una vergüenza democrática.

La votación es una burla. Un burla a todos: a quienes desearían votar no; a quienes querrían votar sí por legítima convicción independentista; a quienes acarician apoyarles por tacticismo antigubernamental o de cualquier otro orden; a la inmensa masa que sin ruido ninguno ha decidido ya abstenerse para no participar en esta tragicomedia ilegal y de tintes ridículos, ya alberguen la ilusión de un referéndum legal y pactado, ya lo excluyan de raíz. A todos.

Pero es algo más grave que una burla. Los que vayan a votar deben saber que pese a la ausencia de garantías y control, sus organizadores aseguran que los resultados serán vinculantes y que basándose en ellos tratarán de declarar la independencia unilateralmente, abriendo así una grave crisis de imprevisibles consecuencias.

En las últimas semanas el Govern y sus terminales de agitación han llamado sobre todo a votar a los contrarios a la independencia, intentando así legitimar su operación ilegal, su golpe antiestatutario. Saben que sin un buen puñado de votos negativos, su falsa consulta se elevaría además a la categoría de referéndum franquista. Precisamente por ello, nadie debe respaldar con su participación tamaño fraude. Ninguna legitimación para lo ilegítimo ni para la ruptura unilateral de la convivencia.

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