La ruptura nacional-populista

Algo hay de insufrible desfachatez en la conducta política de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, cuando después de vulnerar todas las leyes y todos los reglamentos que rigen la vida de la institución que preside, se encarama a una tribuna, se agarra al micrófono y arenga al público allí congregado para ilustrarles acerca de la dictadura bajo la que gime su nación: la dictadura, cómo no, franquista. Y esa desfachatez no consiste en que, por su edad, algo podría recordar de lo que fueron aquellos tiempos; tampoco en que después de decirlo adopte el gesto del héroe en la gloria que precede al martirio, sino porque en el camino que va de la presidencia de una institución del Estado a la tarima levantada en un espacio público de Barcelona confluyen en su persona y llegan a fundirse en su acción los dos movimientos políticos que alimentan la actual situación por la que atraviesa Cataluña: el nacionalismo y el populismo.

El primero viene de antiguo y se ha caracterizado desde su origen por su intrínseca diversidad: desde el católico tradicionalista, pasando por el simplemente cristiano, el burgués conservador, el menestral, el republicano hasta el socialista, el comunista o el libertario, nacionalismos los ha habido de todos los colores en Cataluña. Se trataba de movimientos fuertemente marcados por su doble impronta de clase y religión y divididos por el tipo de organización y de objetivos políticos. Llamándose catalanistas más que nacionalistas, sus dos corrientes más nutridas a la salida de la dictadura fueron la conservadora y la progresista, Convergència i Unió, de una parte, PSC y PSUC, de otra, sobre los que muy pronto recayó el Gobierno de Cataluña, desde la Generalitat y desde los grandes Ayuntamientos, durante más de un cuarto de siglo.

El mundo creado por estas dos grandes corrientes se ha venido abajo por razones que ahora no son del caso, pero que algo tienen que ver con la crisis general de las democracias: partidos cártel, colusión de intereses privados con dinero público, corrupción, selección de dirigentes y demás. Lo que interesa es que tras ellos dejaron instituciones de Estado fuertemente dedicadas a lo que llaman los politólogos construcción de nación. Como ocurre desde los orígenes de estos dos artefactos políticos que, junto al capital, han marcado la vida europea desde el siglo XVI, es el Estado el que crea nación y no al revés. En Cataluña, convergentes y socialistas, tan distintos por sus bases, fueron iguales en sus metas políticas: construir una nación catalana en un Estado español plurinacional con las miras puestas en una confederación o federación de Estados nacionales. Con esa visión de futuro, dotaron a la Generalitat y a los Ayuntamientos de una vocación de Estado, muy generoso a la hora de subvencionar a organismos públicos y privados aplicados a la sacrosanta tarea de la construcción nacional.

Algo hay de insufrible desfachatez en la conducta política de Carme Forcadell

La cuestión es que al dividirse y hundirse CiU y al desmoronarse el PSC, las instituciones de Estado quedaron en Cataluña como presa codiciada de los movimientos populistas, liderados por la CUP, con su componente libertario y sus vanguardias dispuestas a recurrir al siniestro repertorio de acción colectiva propio de los nazis, con sus “señalémoslos”, “barrámoslos”, en su estrategia de ruptura populista o de dicotomización de la esfera pública. Muy hábiles en el manejo del poder, los dirigentes de la CUP percibieron enseguida el potencial de crecimiento derivado de la crisis de representación que acompañó a la Gran Recesión y, después de someter a cerco a los parlamentarios nacionalistas, no dudaron en proclamar que la autodeterminación de los pueblos es un principio que desborda el marco de toda legalidad.

Desbordar el marco de la legalidad entrando en las instituciones y manteniendo la presión en las calles: tal es el principio que guía a todo movimiento populista en su lucha contra la democracia representativa. Lo original de Cataluña hoy es que ese desbordamiento no procede desde lo que el populismo llama las afueras del sistema, de los marginados, de quienes sufren el paro o se han empobrecido como resultado de las políticas neoliberales. Surge y avanza desde el corazón mismo de la legalidad que se pretende desbordar, las instituciones democráticas, con el propósito, muy elaborado por la CUP en su Proposta de conclusions de la comissió d’estudi del procès constituent, de iniciar lo que en la teoría y en la práctica populista, y en ese documento, se define como “proceso de desconstitucionalización”. Han accedido a la sabiduría de los viejos golpistas: que dentro del Estado es desde donde mejor se destruye al Estado, técnica del golpe que en nuestra historia parecía una exclusiva de la burocracia militar. Ahora estos movimientos populistas la han extendido proclamando, faltaría más, que lo hacen en nombre del pueblo, de la gente, de la soberanía popular, del derecho a decidir, de Cataluña.

Lo original de Cataluña es que el debordamiento de la legalidad viene de las propias instituciones

Cuando se conocieron los resultados de las últimas elecciones catalanas, convertidas en plebiscitarias por sus propios convocantes, la primera reacción de los entonces dirigentes de la CUP fue admitir que el plebiscito no se había ganado; por poco, pero habían perdido. Luego, tras unas asambleas de abracadabra y la laminación de los dubitativos, lograron que de la votación de unos 3.020 militantes resultara ¡un empate! que dejó manos libres a la vanguardia para decidir lo que bien quisiera. La decisión fue, como en los días trágicos del golpe militar contra la República, cuando la CNT sostuvo en la presidencia a Companys, apoyar a la coalición de Junts pel Sí, con la condición de que les trajera en bandeja la cabeza de Artur Mas. Los dos partidos accedieron, mostrando con su gesto que por fin el nacionalismo catalán en su doble vertiente conservadora y de izquierda se había maridado con el populismo en la común reivindicación del derecho de autodeterminación de “Los Pueblos de la Península”, comenzando por el catalán.

Lo que ha seguido y continúa es bien conocido: la farsa presidida por Carme Forcadell en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, cuando Anna Gabriel afirmó que su partido estaba allí para hacer política y no para hacer “parlamentarismo autonómico”, nunca habría sucedido si no hubiera contado con el apoyo, y si Junts pel Sí no se hubiera sometido al chantaje, de la CUP. Qué saldrá de este maridaje nadie lo sabe, pero lo que ya está claro es que lo sucedido hasta hoy no va solo de nacionalismo; va también de ruptura con la democracia desde instituciones del Estado previamente ocupadas por partidos populistas.

Santos Juliá es historiador.