Algunas preguntas por la transparencia del ‘Catalexit’

La hipotética salida de Cataluña del Estado español (Catalexit), con ser un tema importante desde muchos puntos de vista y de venir ocupando un amplio espacio en debates públicos y medios de comunicación, es realmente escasa la información y los análisis que se han hecho hasta ahora desde unas y otras formaciones políticas sobre los efectos económicos y sociales de esta eventual separación. Este déficit de transparencia social puede acarrear crispaciones, equívocos, manipulaciones, así como decisiones infundadas, y en todo caso una mayor desconfianza -si cabe- de los ciudadanos respecto a sus representantes y partidos políticos, quien son los que en última instancia tienen la obligación y responsabilidad de informar debidamente a los ciudadanos sobre esta materia.

Son diversas las cuestiones fundamentales que están pendientes de aclarar para el gran público sobre la hipotética salida de Cataluña, y es por ello por lo que las vamos a plantear como preguntas abiertas en las siguientes líneas:

1) PENSIONES: Cabe preguntarse y a tal efecto se debería informar de forma clara a los ciudadanos sobre dos aspectos sustantivos en torno al tema de las Pensiones: a) De donde y de qué forma saldrían los fondos para pagar las pensiones de los ciudadanos catalanes que se vayan jubilando en los próximos años, dado que los fondos de las pensiones están ahora en una Caja única a nivel estatal. b) Por otra parte, las aportaciones al sistema de pensiones de los ciudadanos a partir del momento de una Cataluña independiente, y que se entiende que pasarían a engrosar una Caja de pensiones catalana, cabe preguntarse en qué términos se reconocería a partir de ese momento la antigüedad y el devengo de las pensiones de los trabajadores por los años previamente trabajados en el sistema de pensiones estatal, y quién y cómo se pagarían esas antiguas aportaciones a la Caja estatal.

2) ASPECTOS FISCALES: Las empresas que vienen cumpliendo normalmente sus obligaciones fiscales con el Estado, a partir de la eventual salida de Cataluña del sistema fiscal español, y en el supuesto de que dejasen de pagar sus impuestos: el de sociedades, el IVA, impuestos especiales, o dejasen de ingresar las retenciones del IRPF de su trabajadores en Hacienda, cabe suponer que pasarían a tener una serie de diversas sanciones, incluso embargo de cuentas, o pérdida de ayudas fiscales, por esos impagos. En este escenario cabría preguntarse o estimar si serían muchas o pocas las empresas que estarían dispuestas a dejar de cumplir esas obligaciones fiscales, y cambiar así sus declaraciones, sistemas administrativos e informáticos, etc. para pasar a pagar a la nueva administración tributaria catalana; ello lleva a la pregunta adicional de cuánto tiempo se tardaría en poner en marcha de una forma eficaz los sistemas administrativos, documentales, bancarios, etc. que hiciesen viable el nuevo sistema fiscal catalán.

3) SEGURIDAD SOCIAL. Las mismas preguntas cabría hacer en relación con las declaraciones y aportaciones de las empresas a la Seguridad social por sus respectivos trabajadores, y cuantas del conjunto total de empresas (incluyendo empresarios individuales, autónomos, etc) estarían dispuestas a dejar de hacer esas declaraciones mensuales que venían haciendo hasta ahora. También habría que aclarar los posibles riesgos, o la inexistencia de ellos, tanto para las empresas como para los trabajadores por la eventual interrupción de las citadas declaraciones a la seguridad social estatal. Otra importante cuestión a aclarar en este ámbito es si el Sistema catalán de salud (hospitales y centros de atención primaria) seguirían cubriendo gratuitamente a aquellos ciudadanos que tuvieran una tarjeta de la Seguridad social estatal, porque sus empresas siguieran haciendo las aportaciones a ésta, en lugar de hacerlas a la nueva seguridad social catalana.

4) SITUACIÓN INTERNACIONAL. En el caso de que Cataluña saliese de España, cabría informar de forma clara a los ciudadanos si como consecuencia de ello Cataluña pasaría automáticamente a ser un nuevo Estado perteneciente a la Unión Europea (seria el país nº 29), o bien saldría de la Unión Europea, al menos por el momento, hasta que se le pudiese conceder eventualmente el posterior ingreso, como un nuevo país independiente, en la UE. En este caso convendría que los ciudadanos conociesen igualmente los requisitos que necesitaría el nuevo Estado catalán para que pudiese entrar en la UE, así como las posibilidades y el periodo de tiempo que conllevarían las negociaciones entre la UE y Cataluña para hacer efectiva la entrada de ésta.

Por otra parte, y en el supuesto de salida de Cataluña de la UE, cabría también aclarar si Cataluña podría seguir utilizando el euro como moneda corriente, o tendría que dejar el Sistema monetario europeo y crear una moneda catalana propia.

En cuanto a las fronteras, cabría informar a los ciudadanos si habría en ese caso unas nuevas fronteras (entre la UE y Cataluña), tanto a efectos fiscales, como de circulación de personas, servicios, capitales, etc., o si podría mantenerse la libre circulación actual con respecto a España y con los demás países europeos. En caso de nuevas fronteras, se debería asimismo prever e informar de cómo se establecerían los correspondientes puntos y controles fronterizos para los distintos medios de transporte (vehículos, trenes, aviones, etc.).

5) PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES ESTATALES. Sería importante que los ciudadanos pudiesen conocer igualmente lo que ocurriría con los inmuebles que actualmente son propiedad del Estado, y de quien sería esta propiedad en el supuesto de una Cataluña independiente. Hay en suelo catalán muy numerosos inmuebles e infraestructuras de titularidad estatal: Puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, infraestructuras diversas, edificios de ministerios, empresas e instituciones estatales, instalaciones del Ejército, instalaciones de las Fuerzas de seguridad (cuarteles de la Guardia civil, comisarías de Policía), etc, y sobre las cuales se podría plantear una expropiación por parte del nuevo Estado catalán. Sería necesario conocer por parte de los ciudadanos la viabilidad legal de esta expropiación, así como las posibilidades reales a nivel operativo, y las posibles consecuencias de que esos bienes dejasen de ser propiedad del Estado español y pasasen a ser patrimonio del nuevo Estado catalán.

6) SEGURIDAD. Debería informarse igualmente a los ciudadanos (tanto a los catalanes como al conjunto de los españoles) sobre los aspectos inherentes tanto a la Seguridad interna, como a la Seguridad exterior de Cataluña. Respecto a la interna, esto es, los Cuerpos de seguridad, cabría saber si en una Cataluña independiente seguirían estando presentes los miles de policías y guardias civiles actualmente repartidos por la geografía catalana, o bien deberían abandonar Cataluña, y si todas sus competencias actuales pasarían a ser asumidas por las fuerzas de seguridad catalanas; debería también saberse a tal efecto la forma, el plazo, y los efectos económicos que podrían tener estos cambios. En cuanto a la seguridad exterior, es decir, la relacionada con el Ejército, debería saber la ciudadanía si se prevé que el nuevo Estado catalán tuviese un Ejército propio, y en caso informativo qué cuerpos lo integrarían (solo Tierra, o también Marina y Fuerza Aérea), así como la ubicación geográfica y los costes o efectos económicos para los ciudadanos de esta nueva infraestructura militar.

7) AYUDAS Y SUBVENCIONES. También sería necesario estimar los eventuales efectos relacionados con las ayudas y subvenciones públicas que vienen recibiendo personas, instituciones o empresas catalanas, tanto ayudas de carácter estatal o de origen europeo, y si la salida de Cataluña de España y en su caso de Europa, pondría en riesgo o no la continuidad de las diversas Ayudas y subvenciones a la agricultura o la ganadería, la producción, el medioambiente, la cohesión social, etc, que se otorgan por la Unión Europea a través de España como miembro de ésta, o se podrían seguir recibiendo como hasta ahora por las personas, empresas, ayuntamientos, universidades, etc. de Cataluña.

Hay, en definitiva, éstas y otras muchas cosas básicas relacionadas con el Catalexit que sería necesario que conociesen los ciudadanos en una sociedad madura y democrática como pretende ser la nuestra, en la que la transparencia y el derecho a saber son fundamentales.

Hubiera sido conveniente a tal efecto que unas y otras formaciones políticas se hubiesen preocupado de analizar de forma objetiva e informar a los ciudadanos sobre los efectos (positivos o negativos) de la eventual salida de Cataluña, en lugar de enfrentarse permanentemente de una forma tan estéril como inadmisible socialmente con argumentos puramente partidistas e ideológicos.

Esperamos, en fin, que con las anteriores preguntas abiertas, contribuyamos en alguna medida a la generación de información y a impulsar un cierto debate sobre estos aspectos básicos y creemos que importantes para los ciudadanos sobre un eventual Catalexit, actualmente en el centro del debate político y social de este país.

Jesús Lizcano Alvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España