Ha empezado la rebeldía en Cataluña

Ayer echó a andar una rebeldía de nuevo cuño en Cataluña. No es la de la ya viejuna insubordinación contra el Estatut y la Constitución.

Es la de signo contrario. Es la resistencia civil que rechaza la ilegalidad, la burla de las instituciones democráticas, el ninguneo a las minorías, el supremacismo nacionalista que —hable la lengua que hable— desprecia cuanto ignora.

Es la primera manifestación seria de que cuando los gobernantes desobedecen al ordenamiento por el cual fueron elegidos —y que deben defender—, desatan, en cascada, la ingobernabilidad. Al menoscabar su propia legitimidad, carecen de acreditación moral para exigir a los demás que respeten su autoridad. Porque la han dilapidado previamente. ¿Quién obedece a un desobediente?

Esta resistencia empezó a prender en el aparato funcionarial, quedamente, entre las paredes del propio Parlament. El escueto y contundente escrito dirigido ayer a la Mesa por el letrado mayor, Antoni Bayona, y por el secretario general de la casa, Xavier Muro, advirtiendo a los honorables contra las inminentes leyes de ruptura —referéndum y transitoriedad—, es de los que marcan época.

Aunque antes ya habían prodigado sus avisos contra tropelías antijurídicas conexas, esta vez era el día D de la desobediencia supuestamente heroica. El aviso se vehiculaba además en tono inapelable: “Tienen el deber de impedir o paralizar” la tramitación de normas ilegales, una obligación cuyo incumplimiento les haría sujetos de ‘responsabilidades”.

Para mayor relevancia, procedía del ámbito intramuros, ni de Madrid, ni del Gobierno, ni de ningún tribunal, lo que escuece más. Y concluía en desacreditar el procedimiento reglamentario utilizado... por antirreglamentario: porque el uso (tildado de superurgente), del artículo 81.3 es de “características parecidas” al ya ilegalizado nuevo 135 (lectura única sin enmiendas). Es, así, abusivo.

La mayoría secesionista de la Mesa/Goliat menospreció a ambos funcionarios/David, sugiriendo que solo perseguían blindar sus personas ante las previsibles sanciones judiciales por los delitos en cocción. Una acusación que retrata la zafiedad moral de Goliat. Y en el peor de los casos... el encomiable amor de David a la vida normal.

Llegó pronto el segundo acto de dignidad. Muro se negó a publicar por su mano en el diario oficial la proposición levantisca. Debió hacerlo un diputado adlátere de la presidenta Carme Forcadell, por orden de esta. Algo inhabitual, una gestión irregular, hosca a los usos del Parlament convertidos en norma.

Tercer acto de rebeldía: los diputados de la oposición salieron en tromba —con acentos y modos varios— clamando que esto sí va de democracia, no solo de urnas, y volteando así la retórica oficial. De democracia, pues les recortaban los derechos con los que defender a sus electores.

Y se les sometía a un estado de excepción en su instrumental de trabajo: lapso ridículo de tiempo para redactar enmiendas; infantil prohibición de las de totalidad; imposibilidad de reclamar comparecencias de expertos como en los (anulados) trámites de ponencia o comisión; veto a solicitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, el organismo que dictamina la constitucionalidad y estatutoriedad de las leyes catalanas.

Coda final: la rebelión continuó brillantemente cuando ese consejo dictaminó, a petición de PSC y Ciutadans, que para que la ley fuese válida, su dictamen previo era preceptivo. Aunque el órgano competente para solicitarlo, la Mesa, no lo hubiera hecho y se negase a ello. Y es que, como bordó el diputado comunero Joan Coscubiela, “ninguna mayoría parlamentaria es ilimitada ni puede suspender los derechos de los parlamentarios”.

Continuará (la rebeldía).