Antigua y Barbuda y el ‘caso Odebrecht’

[El pasado 28 de julio, EL PAÍS publicó un reportaje relativo a una entrevista con Rodrigo Tacla, un abogado que trabajó para la empresa internacional de construcción radicada en Brasil Odebrecht, quien se enfrenta en España a un juicio acusado de delitos por soborno y corrupción. En 2016, Odebrecht admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno de Brasil y de otros países donde había estado desarrollando su actividad.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Odebrecht había aceptado pagar 2.600 millones de dólares en concepto de multa penal.

En el curso de su entrevista con EL PAÍS, Tacla señaló que en enero de 2016 Odebrecht había pagado tres millones de euros a Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, como soborno a cambio de que no se diera determinada información solicitada por las autoridades brasileñas.

El señor Tacla no aporta ninguna prueba que respalde esta grave e infundada imputación, siendo la misma categóricamente negada y rechazada por el señor Browne]:

Nunca he conocido al señor Tacla, ni he asistido o he tenido conocimiento de reunión alguna entre funcionarios de mi Gobierno y representantes de Odebrecht. No he recibido dinero alguno, ya sea como soborno o de otro modo, directa o indirectamente, de Odebrecht, ni he autorizado o tenido conocimiento de ninguna actividad ilegal en relación con los asuntos por los que se le pregunta al señor Tacla en su entrevista.

Antigua y Barbuda es parte en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992, al igual que Brasil y que Estados Unidos. De acuerdo con esta convención, cualesquiera solicitudes recibidas de funcionarios extranjeros competentes para conocer de una investigación se presentan ante el fiscal general quien, siempre que dichas solicitudes se hallen debidamente cumplimentadas, las remite sistemáticamente a las correspondientes autoridades independientes de investigación y orden público, a fin de que insten las acciones que consideren oportunas. La asistencia puede denegarse en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, si se considera que la solicitud se refiere a un delito político o a un delito común perseguido por razones políticas.

Constitucionalmente, en Antigua y Barbuda hay claros límites definidos en lo que se refiere a la separación de poderes entre el Gobierno, las autoridades de orden público y los tribunales. Si el fiscal general decidiera denegar una solicitud por su naturaleza política, su decisión podría ser impugnada ante los tribunales. En cualquier caso, como primer ministro, no tengo posibilidad de intervenir en ese proceso, ni lo he hecho nunca.

A mediados de 2015, las autoridades brasileñas presentaron una solicitud al fiscal general de Antigua y Barbuda en relación con sus investigaciones sobre las actividades de Odebrecht. Habiendo constatado que la solicitud estaba debidamente cumplimentada, el fiscal general la remitió a las autoridades de investigación competentes de Antigua y Barbuda, las cuales desde julio de 2015 en adelante han venido cumpliendo escrupulosa y debidamente con el envío a las autoridades brasileñas de toda la información solicitada.

Este proceso comenzó con al menos seis meses de antelación a la fecha en que, según la declaración del señor Tacla, supuestamente me fue pagado un soborno para asegurar que las autoridades de Antigua y Barbuda no proporcionaran información alguna a Brasil relativa a la investigación a la que estaba siendo sometida Odebrecht.

Por consiguiente, la acusación formulada contra mí por el señor Tacla no solamente resulta falsa, sino que existen pruebas que permiten demostrar que lo es.— Gaston Browne. Primer ministro de Antigua y Barbuda.