Pleno inoportuno

Existen sobradas razones para exigir a Rajoy explicaciones detalladas sobre las lagunas que dejó abiertas en su comparecencia como testigo ante la Audiencia Nacional. En aquella ocasión, el pasado 26 de julio, el presidente del Gobierno se escudó en el desconocimiento para evitar aclaraciones sobre los temas contables, sobre la supuesta financiación irregular de su partido y la corrupción. Su ignorancia de los asuntos que hoy están en los tribunales es inverosímil en un político que se ha sentado durante 31 años en la Ejecutiva de su partido y ha dirigido cuatro campañas electorales.

Aquellas lagunas generaron una nueva petición de comparecencia ante el Congreso de los Diputados por parte del PSOE, Podemos, PDeCAT y ERC a la que se han sumado PNV, Compromís y EH Bildu. Ciudadanos y UPN se han abstenido. El carácter de urgencia con el que se solicitó la comparecencia de Rajoy tras su paso por la Audiencia, sin embargo, se ha perdido ante los acontecimientos más acuciantes que se han sucedido en España en las últimas semanas, sumados a los que se avecinan. Los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils son ya de una gravedad suficiente como para retocar las prioridades de la agenda política inmediata en días de conmoción. El desafío independentista catalán, además, que suma nuevas tensiones con la presentación el lunes en Barcelona de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, coloca a la clase política ante la exigencia de una respuesta firme, efectiva, dotada de continente y contenido para hacer frente a un Gobierno autónomo que intenta imponer sus postulados a todos los demás de forma ilegítima e ilegal.

El curso arranca bajo la urgencia de una indagación seria sobre los fallos de coordinación que allanaron el camino al comando yihadista por parte de todas las fuerzas de seguridad sin excepción. Estudiar la fórmula necesaria para afrontarlo con la máxima independencia posible y sin sombras de partidismo nacional o soberanista es una prioridad a la que deberían dedicar tiempo y estudio los depositantes de la soberanía en el Congreso.

La emergencia de respuestas para frenar un referéndum ilegal que va a someter a funcionarios, alcaldes, mossos y ciudadanos en general a un pulso irresponsable es también —ahora mismo— superior. Aunque el Congreso ya llega tarde a la tarea, no puede sustraer a la ciudadanía el debate en el foro apropiado donde se sientan los partidos que gobiernan en Cataluña. El deseo de la minoría independentista de imponer a los demás su agenda debe medirse en el Congreso, donde todas las fuerzas representan a los votantes en la proporción que estos han elegido. Que la mayoría, sin embargo, haya optado por acelerar una comparecencia que hoy es extemporánea y que está ya canalizada por la vía judicial y de una comisión parlamentaria de investigación es incomprensible, inoportuno y con riesgo de bumerán. Rajoy debe dar explicaciones, sí; la comisión de investigación debe reanudar su trabajo sin el torpedeo del PP y llamar al presidente o a quienes considere conveniente. Pero las prioridades que estos días afronta España son de una urgencia solo comparable a la relevancia que su solución o no deparará para el futuro.