Chile avanza

Con un reñido resultado (seis votos a favor y cuatro en contra), el Tribunal Constitucional de Chile ha avalado la ley que despenaliza el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida de la madre, malformación del feto y violación. Con esta reforma, en la que se ha implicado a fondo la presidenta Michelle Bachelet, Chile deja de pertenecer a ese reducido grupo de países que prohíbe en todos los casos la interrupción del embarazo. Y es un ejemplo a seguir por otras naciones latinoamericanas —El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras— que mantienen sus legislaciones herméticamente cerradas a la despenalización y castigan esta práctica con hasta 40 años de cárcel.

Chile ha tardado en reconquistar el derecho al aborto casi tres décadas. Desde que la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibiera en 1989, el camino ha sido espinoso, especialmente por la férrea oposición de la jerarquía eclesiástica, que no ha dudado en arremeter contra una reforma que homologa a Chile con el resto de los países más avanzados en la defensa de los derechos de las mujeres. La sólida implantación de la Iglesia católica y sus infatigables campañas en contra del aborto han sido un obstáculo hasta ahora insalvable. Considerar, como ha hecho la Conferencia Episcopal, que la ley “ofende la conciencia y el bien común de los ciudadanos” y amenazar con la excomunión evidencia el abismal desfase entre la doctrina católica y la realidad social que todavía sigue vigente, por desgracia, en muchos países.

El derecho a decidir libremente sobre su maternidad dentro de determinados límites es una conquista social que contribuirá a erradicar las peligrosas interrupciones de embarazo clandestinas. Abortar en condiciones irregulares, como vienen haciendo alrededor de 70.000 mujeres cada año en Chile, acarrea un riesgo físico y conlleva una carga de humillación. Despenalizar el aborto protege a las mujeres y les otorga dignidad.

Con esta nueva ley, Chile se acomoda a los estándares de otros países, donde se ha demostrado que la legalización no ha disparado el número de abortos. Está comprobado que allí donde hay leyes muy permisivas, la tasa es más baja que en otros en los que la legislación es más restrictiva. La evolución de estas prácticas dependerá también de la eficacia de las políticas sobre educación sexual y reproductiva.

Como apunta la presidenta Bachelet, con la norma que abre la puerta a abortar legalmente y en condiciones de seguridad ganan las mujeres, la democracia y Chile. También se fortalece la tolerancia y la libertad y se amplía el abanico de derechos sociales. Los países vecinos que castigan suspender la gestación en cualquier circunstancia harían bien en tomar nota.