La política de la inacción en el caso del Popular

No hay decisión inexplicable que no pueda explicarse. Así es la política financiera europea transmitida al común de los ciudadanos. El informe del Banco Central Europeo sobre la liquidación del Banco Popular es un ejemplo señero, casi hasta brillante, de los beneficios de la confusión. A la pregunta de por qué se liquida un banco solvente (el Popular lo era), el BCE responde con una relación de hechos, bien conocidos puesto que están perfectamente ordenados en los medios de comunicación, que desembocan en varias conclusiones: a) los gestores son responsables; b) el banco hubiera quebrado en pocas horas de no haberse procedido a la liquidación debido a una fuga inquietante o masiva de depósitos y c) hubo una cobertura negativa intensa de la prensa.

Una ligera observación bastará para descubrir que la cadena de argumentos es cacofónica o tautológica o las dos cosas. El BCE no responde, ni de lejos, a la cuestión principal, que sigue siendo sencilla: ¿por qué se toma la decisión de liquidar un banco solvente? Sí, por supuesto, el banco tenía problemas de liquidez y estaba sufriendo una fuga importante de depósitos. Pero ¿desde cuándo la ausencia de liquidez es, per se, motivo de liquidación? O, dicho de otro modo, para retrotraernos al origen del problema y no perdernos en la estéril causalidad: ¿por qué no se evitó la fuga de depósitos, la pérdida de confianza y el estrangulamiento de liquidez? La cadena conocida de hechos que acabaron con la liquidación del Popular, y que se resume en “no hacer nada”, parece sugerir, por inacción, que en el siglo XXI, con una estructura bancaria europea compleja, no hay instrumentos para evitar lo que se conoce como estampida bancaria. Si esto fuera así, tendríamos un grave problema: el de una superestructura que sirve para bien poco.

Pero, claro, no es así. Dejando a un lado la responsabilidad de los gestores —manifiesta e indiscutible—, la superestructura bancaria tiene medios para evitar la fuga de depósitos y la hemorragia de liquidez, que, por mor de la brevedad y el convencimiento de que el BCE los conoce, no vamos a relatar aquí. Y, por cierto, los reguladores bancarios disponen también de las coartadas legales necesarias para no aplicar tales medios. De forma que la pregunta ¿por qué se liquidó un banco solvente? —sin coste público, es cierto— sigue en pie y ya sabemos que no existe intención alguna de responderla.

Pero el toque maestro está en la mención a la presión mediática. La apelación es (intencionadamente) confusa. Quizá el BCE entienda que la información no debe tocar ni manchar las crisis bancarias, porque exacerban la inquietud y amplifican el pánico. Aquí habría que traer a colación los casos de los bancos italianos (o algunos alemanes), en cantares durante años, cuyos depósitos y liquidez no han sido erosionados por una sola brizna de inquietud. Con algo de exageración, el argumento recupera un clásico inmortal: la prensa es culpable o un estorbo. Como en aquellos tiempos de “extraordinaria placidez” en los que cuando se desplomaba un edificio se metía en la cárcel al guardia jurado. Por haber estado allí.