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El federalismo de la reconciliación

El Gobierno de Canadá no solo se opuso a la secesión de Quebec, sino que ofreció integración

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. REUTERS

Este año se está celebrando por todo Canadá el sesquicentenario de la British North America Act que creó la Confederación de Canadá, un país que lleva años apareciendo en los primeros puestos del índice de Desarrollo Humano de la ONU y en los otros índices similares para medir el bienestar social más allá de la renta per cápita, que también la tiene altísima. Con una población que apenas sobrepasa los 36 millones (el menos poblado del G-7), Canadá es uno de los grandes actores internacionales, con un enorme prestigio por sus tradicionales posiciones progresistas, aunque algunos enemigos del libre comercio piensen que el Gobierno liberal de Trudeau defiende el CETA para destrozar las condiciones laborales de los trabajadores.

Sin embargo, la historia de este país tan exitoso no está falta de problemas políticos, casi siempre originados por conflictos entre el centro y las provincias, presentes ya desde su misma fundación, porque el pacto por el que nació fue rechazado casi por la mitad de los representantes de la provincia de Quebec y porque, en septiembre de 1867, Nueva Escocia intentó abandonar la Confederación. Como es muy sabido en España, el Gobierno nacionalista de Quebec organizó en 1980 y en 1995 sendos referéndums con el objetivo de lograr un Estado propio, que son utilizados frecuentemente por los independentistas catalanes como referentes para su causa, pero que también pueden revelarnos algunas ideas útiles para defender la unidad de España.

Empecemos recordando que los dos referéndums fueron iniciativa del Gobierno de Quebec; para oponerse a ellos, el Gobierno canadiense no usó ningún mecanismo legal, circunscribiéndose el debate al ámbito político. Sin embargo, después del segundo referéndum, y a la vista de que los nacionalistas se preparaban para un tercero, Ottawa cambió completamente de estrategia: el asunto no solo era un asunto político, sino también jurídico, de respeto a la Constitución. Por eso, elevó una consulta al Tribunal Supremo, el cual elaboró su famosísimo Dictamen de 20 de agosto de 1998, contrario a la independencia unilateral de Quebec y en el que fijaba ciertos requisitos para su separación (y no me resisto a señalar que yo tuve la fortuna de traducirlo y comentarlo con la malograda Carmen Chacón). A la vista de ese dictamen, el Parlamento canadiense aprobó la Ley de la Claridad en el 2000. Así que aquí tenemos una primera idea para España: el Gobierno acierta al oponerse a la independencia de Cataluña con los instrumentos legales que le ofrece el Estado de Derecho, sin atender los cantos de sirena que quieren resolver el conflicto solo en el campo político, incluso después de la aprobación de dos leyes tan inconstitucionales como la Ley del referéndum y la Ley de la transitoriedad.

Trudeau viene abogando por una colaboración sincera con las provincias que parta del respeto a su autogobierno

Pero el Gobierno canadiense y las fuerzas unionistas no solo se han opuesto al independentismo quebequés con medios jurídicos, sino que también lo vienen haciendo proponiendo medidas políticas de integración; tanto en el plano electoral, de ofrecer a la sociedad quebequesa un programa atractivo de vida en común -lo que ha llevado al federalista Partido Liberal a ganar varias veces las elecciones provinciales- como en el plano de la reforma del federalismo, incluida una declaración del Parlamento de Canadá reconociendo en 2006 que los quebequeses forman “una nación dentro de un Canadá unido”. Segunda idea para España: no se puede ignorar que el sentimiento de autogobierno en Cataluña es más fuerte que en la mayoría de las demás Comunidades y eso exige un tratamiento específico dentro del Estado autonómico, sin por ello desembocar en un régimen de privilegio. Claro que ese objetivo no es nada fácil de lograr en la práctica, pero el primer paso es formularlo.

Precisamente, desde que ganó las elecciones generales en noviembre de 2015, Justin Trudeau viene abogando por una colaboración sincera con las provincias y los pueblos autóctonos que parta del respeto a su autogobierno, huyendo de la rigidez en las relaciones intergubernamentales que estableció el anterior Gobierno conservador. El profesor Guy Laforest ha calificado esa visión de “federalismo de la reconciliación”. Por su parte, el Gobierno liberal de Quebec presentó en junio pasado un informe de casi doscientas páginas para fijar su política de relación con Canadá, cuyo título no deja muchas dudas sobre su voluntad federal: "Quebequeses, nuestra forma de ser canadienses". Su propuesta es la de un fédéralisme multinational, que pretende reformar la Constitución para que refleje el “carácter nacional de Quebec” y reconozca un federalismo asimétrico a su favor. Trudeau ha alabado la fuerte vinculación que establece el documento entre Quebec y Canadá, pero ha negado que las “futuras negociaciones” sobre el federalismo canadiense tengan que tomar la forma de negociaciones para cambiar la Constitución de 1982. Por tanto, el diálogo no será fácil, pero ambas partes se aprestan a tenerlo. Y no es difícil extraer de ahí una conclusión sobre lo que debería hacerse en España a partir del 2 de octubre.

Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional.

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