Cómplices de Maduro

Este domingo, si la presión combinada de la diplomacia y los venezolanos no logran impedirlo, Venezuela cruzará la última línea roja que separa a una democracia de una dictadura.

A partir del momento en el que el régimen de Maduro dé por válida la elección, fraudulenta y anticonstitucional, de la llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, habrá disuelto la última institución democrática que queda en ese país: la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones el 6 de diciembre de 2015. Esos comicios, recordemos, fueron ganados por la oposición a Maduro, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD). La MUD obtuvo un resultado espectacular dadas las muy adversas circunstancias en las que se celebraron las elecciones: logró el 56,2% de los votos y 112 de los 167 escaños en liza.

Desde entonces, el régimen de Maduro ha vaciado de poderes al órgano legislativo. El resultado de esta labor de demolición, perpetrada con el apoyo de un Tribunal Supremo que el régimen ha atiborrado de magistrados ideológicamente afines, dibuja un brutal sinsentido democrático: la Asamblea, legítima representante del pueblo venezolano, ni tiene competencias legislativas, ni de control del Gobierno, ni capacidad para aprobar los presupuestos generales o supervisar los gastos del Estado, es decir, exactamente todas aquellas funciones que son la razón de ser del parlamentarismo democrático.

Por si fuera poco, valiéndose de su control del Consejo Nacional Electoral, ha impedido con todo tipo de maniobras y triquiñuelas que la oposición pudiera llamar a la convocatoria de una elección presidencial revocatoria, un procedimiento tasado en el artículo 72 de la Constitución de 1999. Y violando de forma aún más flagrante la literalidad de la Ley Fundamental del chavismo, ha convocado esta elección constituyente, que según sus artículos 347 y 348 requiere un referéndum previo para obtener el consentimiento popular, no una elección amañada sin participación de la oposición ni garantías de ningún tipo.

La oposición democrática ha quedado atrapada en una situación imposible. Tras haber aceptado las reglas del juego chavista, se encuentra con que el Gobierno de Maduro las modifica a su antojo cada vez que le perjudican y somete a encarcelamiento injusto a los líderes políticos que se oponen y a represión sin fin a los ciudadanos que se manifiestan contra él. Los 498 presos de conciencia que según la OEA hay en el país y más de 100 muertos en la represión callejera dejan bien clara cuál es la concepción de la democracia y los derechos humanos que tiene el régimen.

En este lamentable estado de cosas, los líderes de Podemos, que declaran día sí y día no querer regenerar la democracia española, guardan silencio, cuando no justifican a Maduro y acusan a la oposición de antidemocrática. Es urgente que Podemos aclare si su estándar de democracia es el mismo que el que representa Maduro. No es una cuestión retórica. Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber si la suerte que les esperaría si Podemos gobernara y ellos decidieran oponerse a sus políticas sería similar a las que sufren los ciudadanos e instituciones venezolanas que han decidido defender la democracia del autoritarismo de Maduro.