Miedo en Cataluña

Hay miedo en Cataluña. Pero no un miedo general ciudadano, aunque a medida que se radicaliza el procés soberanista crece la inquietud por su deriva autoritaria y desestabilizadora. El miedo anida en la cúpula secesionista.

Así se ha verificado con la remodelación del Govern de Carles Puigdemont. Primero un consejero, Jordi Baiget, confesó su miedo a que la estrategia seguida acabase destruyendo su patrimonio. Y ello por las responsabilidades penales o civiles subsidiarias derivadas del formato delictivo (desechando las opciones legales) con que se ha escogido convocar un referéndum unilateral.

Fue fulminado. Y en seguida el temor del líder de Esquerra (y vicepresidente), Oriol Junqueras, a quedarse atrapado con su firma, le llevó al ultimátum exigiendo fidelidad personalísima (más que la racional lealtad política) a los consejeros de la ex-Convergència. El miedo de Puigdemont a las fisuras de su partido y de su Gobierno hizo el resto: una remodelación disciplinaria con carácter ejemplarizante contra los disidentes, temerosos y/o contrarios a violar la legalidad democrática.

Siempre el miedo, aquel que irónicamente hace poco el propio president atribuía al Gobierno, aventurando que el secesionismo le doblaría la ración del mismo.

El desenlace del litigio interno, tan próximo a los de los autoritarismos sectarios, seguidores del principio según el cual el partido se fortalece con las depuraciones, amenaza sin embargo con filtrarse a la sociedad. Si un gobernante teme que la estrategia de su jefe arruine su patrimonio, ¿qué seguridad transmitirá el entero Gobierno a los ciudadanos? ¿Qué garantías de estabilidad democrática, si promete leyes secretas y en rebeldía? ¿Qué futuro, mas que, al cabo, la incertidumbre?

El secesionismo liquidó las distintas posiciones nacionalistas, al expulsar a Unió. El Gobierno de Junts pel Sí intentó luego desnaturalizar el pluralismo en el Parlamento catalán, boicoteando la iniciativa y los derechos de las minorías. Y ahora pretende cancelar a las bravas cualquier atisbo no ya de disidencia interna, sino incluso de matiz táctico o de alerta sobre la necesidad de una mínima prudencia.

Todo con la evidente finalidad de poner la marcha directa, sin debate de ideas, sin contraste de opiniones y por la vía impositiva y disciplinaria de un referéndum que no se sostiene sobre base jurídica alguna: que atenta contra los derechos que dice defender. La elevación del radical Joaquim Forn en sustitución del legalista Jordi Jané a la cartera clave de Interior presagia el fin de todo atisbo de cumplimiento de la legalidad democrática y de los principios elementales del Estado de derecho.

No es este un equipo para acompasar ritmos, reconsiderar escenarios y reconducir el pulso al Estado y el desapego de buena parte de la sociedad catalana. Lo preside un convergente, pero desarrollando el programa de secesión exprés y anticapitalista de los antisistema, bajo las condiciones de Esquerra y los apuntes estratégicos de un comité de notables o sanedrín en la sombra que hegemoniza Artur Mas y uno de sus más fieles colaboradores —el exsecretario David Madí—, que tanto ha servido al Estado italiano a través de su alto cargo en Endesa. ¿Democracia secesionista u oscuros grupos de presión irresponsables?