Hacia una Universidad (casi) gratuita en Andalucía
La Junta avanza en su estrategia para reducir drásticamente el coste de las matrículas universitarias
Hay quien dice que Sin perdón, película dirigida por Clint Eastwood, con excelente guión de David Webb Peoples, es la cima y cierre del género del western. Hoy es un clásico lleno de escenas inolvidables. En una de ellas, Schofield Kid (Jaimz Woolvett) bebe desesperado tras acabar con uno de los vaqueros que habían agredido a las prostitutas de Big Whiskey. El pistolero William Munny, interpretado por el propio Eastwood, le replica con frialdad que matar a un hombre es duro: ‘Le quitas todo lo que tiene… y todo lo que podría llegar a tener’.
Viene esta escena al caso de lo que sucede cuando los jóvenes ven peligrar sus oportunidades, en particular en su educación y en su formación: lo que se hurta, lo que se cuestiona, es todo lo que ese joven, su familia, y la sociedad, puede llegar a tener. Por eso es tan importante, tan decisivo, y tan crucial, reflexionar de manera seria sobre la Educación y, abandonando toda frivolidad y oportunismo, ofrecer soluciones integrales, coherentes y sostenibles.
En los más de tres años que coincidí como Rector con el ministro Wert le recordé frecuentemente que era su obligación ‘ponerle cara’ a las medidas que anunciaba; que detrás de cada consideración sobre coste de matrículas, renta de las familias, rendimiento de los becarios (sólo de los becarios!) y otras medidas que expulsaban a los jóvenes de sus estudios y de sus incipientes carreras académicas había personas con esperanzas y proyectos vitales.
El ministro y su equipo hicieron oídos sordos. Entre 2012 y 2015 se sucedieron normas que iban en sentido contrario, y tenían la intención también de debilitar a las universidades públicas. Sus negativos efectos son ya evidentes, como recoge el último informe La Universidad Española en Cifras, que publica la CRUE, que es de interesante lectura.
Especialmente perjudiciales fueron los Decretos sobre coste de matrículas y sobre becas. El primero ha dado lugar a precios promedio para Grado de unos 2.000 €/curso en Madrid o Cataluña, más que duplicando los del año 2008. En el mismo periodo, Andalucía creció menos de un 10%, hasta 756 €/curso. Los precios de Máster han presentado una divergencia regional aún mayor, con fuertes subidas. Mientras, el gasto en becas universitarias ha bajado en torno a 240 M€ entre 2011 y 2015, con un descenso de la beca promedio personal de un 20%. Además se incrementaban los requisitos académicos de las becas y se recortaban drásticamente las Ayudas Erasmus, entre otras cuestiones.
En este quinquenio la Junta de Andalucía, y las universidades públicas andaluzas, se han esforzado por mitigar los evidentes riesgos sobre los jóvenes: contención en los precios de Grado, bajada progresiva de los de Máster, bonificaciones de matrícula a determinados colectivos o por aprobados en convocatorias extraordinarias. A la vez, han aumentado las ayudas complementarias a los estudiantes que perdían la beca por el aumento de los requisitos académicos, a la movilidad Erasmus y a la formación en idiomas extranjeros. Las medidas que afectaban a las matrículas se ligan a criterios subjetivos o académicos, mientras que las complementarias lo están a los requisitos de renta de las becas generales.
A pesar de todo ello, las matrículas en Andalucía siguen suponiendo un esfuerzo en torno al 7% de la renta per capita regional, el segundo más alto de España. De hecho el nuestro es uno de los países europeos con matrículas universitarias más caras, por lo que seguimos enfrentándonos a un serio problema.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado esta semana una medida que supone un avance en esta estrategia de bajada del coste de las matrículas, que podrían verse reducidas hasta un 75%. Simplificando, la fórmula para lograrlo es que cada curso académico el estudiante pueda bonificarse el 99% del coste de los créditos de las asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso anterior, en cualquier centro propio de una universidad pública andaluza, en Grado o Máster. Ello supone que un estudiante que apruebe todas las asignaturas a la primera oportunidad sólo tendrá que abonar costes de matrícula el primer año en que estuviese matriculado en una universidad pública de Andalucía; es decir el coste de todos sus estudios sería 756 €. Un becario que perdiese la beca de matrícula por incumplir algún requisito académico, podría también bonificarse el coste de aquellos créditos que hubiese aprobado, amortiguando así los efectos negativos de la situación y pudiendo llegar a recuperar de hecho la gratuidad efectiva en sus estudios.
La merma de ingresos de las universidades será compensado por transferencias de la Junta de Andalucía, que se estiman en unos 30 M€/año, menos de un 2% del presupuesto anual de todas las universidades andaluzas.
La presidenta ha contextualizado esta medida en una propuesta de mayor calado, que tiene como referencia los precios simbólicos o gratuitos de Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Suecia, Finlandia, …, pero cuyas competencias recaen en el Gobierno de España. Se propone también un potente sistema de becas para completar la renta de los estudiantes con menos recursos, también competencia del Gobierno de España. Se busca incorporar las enseñanzas universitarias a los derechos básicos, cuyo disfrute efectivo debe garantizarse por no ser ya una ‘opción’, aun cuando no tenga carácter obligatorio.
Desde esa perspectiva, hay que recordar que el acceso a los derechos básicos no pueden estar ligado o condicionado por la renta de las familias; otra cuestión es el disfrute de determinadas medidas complementarias, como es el caso de las becas. Se confunde el necesario carácter progresivo de los impuestos (política de ingresos) con que los servicios públicos (política de gastos) tengan que disfrutarse como medidas fiscales inversas, lo que es inadmisible desde una perspectiva progresista. Las matrículas universitarias son un copago vinculado a un servicio y no cabe convertirlos de hecho en un impuesto. No tiene sentido tampoco aplicar el concepto ‘renta’ a los jóvenes que están estudiando en la universidad, preparándose para su vida profesional. En algunos casos tendrán estos jóvenes perspectiva de disponer de un patrimonio familiar pero, ¿cuántos jóvenes tienen garantizado su futuro por la ‘renta declarada’ de sus padres?
Aceptar un debate en estos términos supone ‘comprar’ el discurso del ‘precio’ acceso a los derechos y, por tanto, a la provisión privada de los mismos, lo que aprovechó por cierto el Gobierno de España en 2012 para aplicar sus nefastas políticas. Cerremos toda duda sobre la cuestión. Garanticemos que el futuro de nuestros jóvenes depende de su esfuerzo y nuestro compromiso firme. El Gobierno de España no puede seguir mirando para otro lado. El futuro del país va con ellos.
Antonio Ramírez de Arellano es consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía
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