La insólita flema de los señalados por la corrupción

En un país normal, los políticos estarían hoy muy preocupados por el estado de ánimo que refleja el último barómetro del CIS, el correspondiente al mes de mayo, en el que ha aumentado 12 puntos el porcentaje de ciudadanos que colocan a la corrupción entre los tres primeros problemas del país. El primero sigue siendo el paro (para el 71,4% de los encuestados), el segundo, la corrupción (para el 54,3%), y el tercero, a distancia, la situación económica (21,1%). La encuesta coincidió con el estallido del caso Lezo que llevó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el ingreso en prisión de Jordi Pujol Ferrusola, los coletazos del caso Palau y nuevas revelaciones del caso 3%.

Desde el caso Púnica no se había vivido tanta intensidad judicial relacionada con la corrupción. Estos nuevos casos, sin embargo, ponían de manifiesto que no eran la emergencia putrefacta de conductas de un pasado ya superado, sino tropelías muy cercanas en el tiempo, lo cual indica que los corruptos, lejos de escarmentar con los primeros casos descubiertos, siguieron como si nada con sus prácticas criminales. Así de impunes se sentían. La ausencia de reacción entre los responsables de los partidos afectados resulta a estas alturas algo más que pasmosa. El PP continúa presentándose como víctima de las tramas de las que el propio partido o destacados dirigentes han resultado beneficiados y ahora se permite incluso plantar cara a propósito de la comisión de investigación parlamentaria sobre su financiación irregular alegando que los partidos de la oposición defienden intereses electoralistas.

El caso de Germà Gordó es el último ejemplo de la insólita flema que demuestran la mayoría de los señalados por la corrupción. El que fue gerente de CDC ha sido imputado finalmente por el caso 3%, en el que se investiga el cobro de mordidas a empresas concesionarias de obra pública adjudicada por la Generalitat. Gordó era el jefe de los dos tesoreros del partido acusados de corrupción y ahora el juez le señala también a él. La nueva dirección de la antigua Convergència, el PDeCat, le ha pedido que se haga a un lado, pero él no solo no está dispuesto a entregar el acta de diputado, sino que ha dejado el partido y amenaza con crear una nueva fuerza política que rescate el espacio moderado del viejo pujolismo. ¿Solo el espacio o también el espíritu que llevó los casos Palau, Pujol y 3%? Gordó fue nada menos que consejero de Justicia del Gobierno catalán y fue aupado a tales responsabilidades por su proximidad a Artur Mas. ¿No tiene nada que decir tampoco Mas sobre esta imputación? Parece que no.

La vida política española no deja de acumular material que ilustra hasta dónde puede llegar la impasibilidad política ante la corrupción. Es como si los políticos señalados por esta epidemia sufrieran un extraño proceso de desconexión mental y vivieran en una realidad paralela que ellos mismos se fabrican a base de repetir su propio argumentario. Con este tipo de respuestas, ¿a quién le extraña que el barómetro del CIS rebose pesimismo ciudadano?