Soria vendió el coche para comprar gasolina

Recordarán sin duda el alboroto desatado en torno al déficit de tarifa eléctrica. Sin entrar en detalles, que darían para una Summa energética digna de Tomás de Aquino, la conclusión del invento, gestado a medias por la avidez de las eléctricas y la incapacidad de los gobiernos para frenar tales apetencias, los españoles debían a las compañías 23.000 millones. ¿Que se hizo de tal déficit? Pues que se convirtió en superávit. Entre 2014 y 2016 aparece un superávit acumulado de 1.118 millones. El modo y manera puede explicarse (y lamentarse) fácilmente. Por una parte, el gobierno del PP procedió a un recorte de las primas a las energías renovables, una idea razonable aplicada con tal zafiedad por el ministerio de José Manuel Soria El Panameño que ha provovcado los recursos legales de todas las compañías, nacionales y extranjeras, afectadas por el desaguisado. Por otra, el mismo gobierno asperjó la producción eléctrica con impuestos ridículos cuya recaudación sólo conoce con exactitud Cristóbal Montoro.

Este cuento, a pesar del superávit de 1.118 millones, probablemente acabará mal. Primero, porque el micronizado de impuestos (protestado por los hooligans eléctricos a pesar de que acaba pagándolo el cliente) está agotando sus efectos, como se advierte en el hecho de que las proyecciones de superávit cada vez son menores. Para este año están previstos 9 millones —en 2015 fueron 470 millones y en 2016 se consiguieron 99—, pero la anémica evolución de la demanda eléctrica invita a temer un nuevo déficit. La pendiente del superávit confirma que, como suele suceder en los gobiernos del PP, la solución de los recortes y los impuestos sea un mero parche para fardar (¡hemos resuelto el problema!) y, como dice el dicho popular, el que venga atrás que arree.

Pero falta el volatín final, digno de la lógica del “hombre que vendió el coche para comprar gasolina”. El superávit de tarifa solo podía, con razón, utilizarse para reducir el déficit de tarifa; esto es, para reducir la factura acumulada de 23.000 millones. Pero el Gobierno, en el último presupuesto, adjuntó una disposición cantinflesca: el superávit podía utlizarse para pagar los costes jurídicos derivados de las sentencias y laudos a los que tiene que enfrentarse la Administración española en el terreno de la energía.

Entiéndanse bien la gestión política del Gobierno y sus consecuencias dignas del repertorio de chistes del Almanaque Zaragozano. Orquesta una subida disparatada de impuestos, contraria a las técnicas fiscales posteriores a Jovellanos y la cantidad, finalista en principio, desaparece engullida por las necesidades superiores del déficit general que manipula Montoro. Promueve un basto (con b) recorte de las primas a las renovables, pero como vulnera de largo la seguridad jurídica, tendrá que pagar más de lo que se ahorra. De forma que lo que entró (mal) por la puerta como recorte desatinado de primas y subidas fiscales de garrafón se escapa por la ventana de las indemnizaciones y daños colaterales de la regulación. Y luego dirán que la derecha gestiona bien. La que nos ha tocado, por desgracia, es un prodigio de ineptitud.