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Fraude secesionista

El autoritario proyecto de ruptura viola leyes y derechos de los catalanes

Junqueras, Puigdemont y Romeva, ayer en Madrid.
Junqueras, Puigdemont y Romeva, ayer en Madrid. AFP

Pocas veces ha habido tanta distancia en la democracia española entre la palabra y los hechos como ayer. Los ciudadanos pudieron conocer desde las páginas de este diario el contenido de la ley secreta de ruptura o desconexión preparada por el secesionismo (Junts pel Sí y la antisistema CUP) para lanzar la independencia.

Se trata de una ley de contenidos extraordinariamente preocupantes, antiestatutarios y anticonstitucionales, sí, pero aún peor: de contornos autoritarios, antidemocráticos y divisivos de la ciudadanía catalana. Y sin embargo, en la misma jornada el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, formulaba en Madrid una propuesta en apariencia amable para un referéndum de autodeterminación pactado. Exactamente lo contrario de lo que prevé el (aún oficialmente clandestino) proyecto de ley.

Esa ley de ruptura es jurídicamente un dislate y un fraude. Pretende regular una “transición” y se autodenomina “fundacional”: términos antitéticos. Es una ley ordinaria que busca derogar la máxima norma catalana (el Estatut) y española (la Constitución) sin siquiera atender el requerido quorum reforzado previsto para reformas estatutarias menores. Se pretende someter a votación súbita y exprés mediante un cambio capcioso del reglamento del Parlament, para asfixiar a la oposición. Y contempla la celebración de un referéndum ilegal (otros podrían ser legales), sin neutralidad, sin normas, con una “sindicatura” o junta electoral (aún) secreta y parcial.

Es un escándalo democrático mayúsculo, que en primer lugar atenta contra los derechos y las libertades catalanas tal como vienen reconocidos en el ordenamiento vigente. Por lo demás, el perfil del Estado catalán que propugna (para cuya creación el referéndum serviría de mera “ratificación” de hechos consumados, ni siquiera neutral y libremente optativos para el votante) no es ya un modelo de baja calidad democrática, sino de frontal violación de los pilares de las democracias avanzadas asentadas en Estados de derecho.

Así, la justicia no sería independiente, sino que seguiría las pautas sectarias (selección de jueces) y autoritarias (nombramiento de la máxima autoridad judicial por el Ejecutivo) de las que avisó con exactitud el exjuez Santiago Vidal. La libertad de información se restringiría a los medios no oficiales, sobre los que planea el espíritu sancionador enarbolado por el exartista Lluís Llach. Y el Estado catalán usurparía legítimas funciones propias tanto del Estado español como de la UE.

Nada de todo eso explicó ayer Puigdemont. Pidió al Gobierno central voluntad sincera de diálogo; un acuerdo para un referéndum; y grandeza como la de Adolfo Suárez al restablecer provisionalmente la Generalitat republicana, en 1977.

Cualesquiera que sean la viabilidad o imposibilidad de sus propuestas —hay de todo—, el Gobierno no debe parapetarse en la inacción: le corresponde contribuir a encauzar el problema. Y el president de la Generalitat solo tiene una forma de certificar su sinceridad: la retirada absoluta y sin tapujos del autoritario texto, de forma que se elimine todo indicio de lo que constituye un instrumento de chantaje al Estado y una amenaza sin parangón a los derechos democráticos de los catalanes.

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