Yo también acuso

Quede claro que esa es mi intención a partir de ahora: acusar a todas las Administraciones, locales, autonómicas y estatales, del abandono progresivo de su obligación constitucional (artículo 49) de proteger a los más indefensos, a los más débiles, a los que no tienen voz ni muchas veces voto. Y no solo escribo en nombre de todos los discapacitados, sino muy especialmente del eslabón más débil de esa ya frágil cadena: los afectados severamente cuyas posibilidades no pasan ni por talleres ni por inserciones laborales porque lo urgente, en su total dependencia, es mantenerse vivos un día tras otro.

Acuso a los partidos políticos de mentir sin ningún pudor con lo que llaman “gasto social”, que deberían administrar atendiendo a criterios de prioridad y justicia.

Mienten porque aseguran una y otra vez que no ha habido recortes en ese sector cuando la verdad es que han sido drásticos e injustos.

Mintió el Gobierno de Zapatero cuando con buena intención, pero sin presupuesto, improvisó una ley de dependencia imposible.

Mintió el Partido Popular que se comprometió con esa ley cuando la realidad es que ha sido quien le dio la puntilla definitiva.

Mintió el Gobierno de Madrid presidido por Gallardón cuando se inventó una “red pública” de centros que no fue otra cosa que la incautación de los ya creados por asociaciones de familiares que dejaron de controlar su propia obra para someterse a las directrices del Gobierno regional, que tuvo que rectificar muchos disparates tras una manifestación de sillas de ruedas en la Puerta del Sol rodeada por la policía.

Mienten cuando hablan de la dignidad de los discapacitados porque con el dinero que hoy se invierte —se invierte, no se gasta— es imposible dar una atención de calidad mínima a los afectados y, de seguir así, las instituciones que hoy trabajan para ellos tendrán que elegir entre cerrar sus puertas o convertirse en tristes aparcamientos y no en centros de rehabilitación.

Mienten cuando hablan de la igualdad de todos los españoles porque cada comunidad autónoma maneja sus propios presupuestos creando situaciones de verdadero agravio comparativo.

Mienten cuando hablan de un servicio público porque en muchas comunidades la gestión de estos centros se hace mediante concursos con empresas privadas cuyo ánimo, naturalmente, es de lucro y aquí cada euro de beneficio es una disminución de atención, servicios o inversiones que se hurtan a los discapacitados.

Mienten porque elaboran planes desde despachos desconociendo en la mayoría de los casos la terca realidad y sin dejar que les asesoren.

Mienten porque ignoran las enormes diferencias que hay entre lo que ellos llaman genéricamente discapacitados; ignoran —o eso parece— el grado de dependencia real que es absolutamente fundamental y, sobre todo, las patologías asociadas que en muchas ocasiones son más graves que la propia minusvalía.

Les acuso —y esto es muy grave— de haber hecho de esta dolorosa realidad un eslogan de campaña, un arma política y una promesa para airear y no cumplir.

Es hora de desenmascarar tanta palabrería hueca: el déficit previsto se dispara y el cierre de centros concertados es una amenaza real y próxima. Pero los responsables políticos insisten una y otra vez en negar los recortes. Y una vez más, mienten y podría dar cifras que lo demuestran.

Es significativo destacar que con el último acuerdo marco/trágala firmado con la Comunidad de Madrid, a los discapacitados se les divide en tres “lotes” (sic) y en el primero —que es el que menos recibe— están los físicos y con ellos, en el mismo “lote”, nuestras chicas y chicos que no hablan, no andan, no mastican ni comen solos, no controlan sus necesidades fisiológicas, muchos tienen crisis de carácter epiléptico y graves patologías respiratorias y visuales. Naturalmente la inclusión de estos discapacitados en el “lote 1” es un fraude absoluto además de una ofensa.

Y esta es la verdad hoy. Es así de sencillo: no llegamos a fin de mes. Pero nadie parece interesado en reconocer el disparate. Cuando se encuentren con el problema ya consumado de hacerse cargo de cientos de discapacitados, entonces empezarán los parches. Pero esto no se arregla así: o se hace una planificación seria y real o la sociedad española se verá abocada a señalar con el dedo —una vez más— a unos gestores que faltan a la verdad, incumplen con sus obligaciones y carecen de sensibilidad social. Ellos verán.

 Andrés Aberasturi, periodista, es presidente de la Fundación Nido.