Gürtel sigue

El hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya sido llamado a declarar como testigo en el juicio por el caso Gürtelviene a confirmar que, dentro de la separación de poderes, las instituciones van haciendo su trabajo, por mucho que haya quienes desde la atalaya de unos grandes principios se dediquen sistemáticamente a erosionar el funcionamiento de la democracia. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado se habían opuesto a que se realizara esa declaración, pero no lo han entendido así dos de los tres jueces del tribunal, que consideran que el testimonio de Rajoy algo puede ayudar a aclarar esa oscura trama de intereses que apuntan a una corrupción sistémica del partido que preside.

Lo que el caso Gürtel ha revelado ya, cuando menos, es la manifiesta falta de controles internos dentro de un partido en el que nadie parecía saber a ciencia cierta de dónde venía el dinero y en qué terminaba empleándose, si es que no se perdía en algún lugar por el camino. Primero saltaron a la luz unos cuantos sobornos a una serie de cargos públicos del PP; luego se ha ido conociendo que todos esos generosos detalles de unos avispados empresarios apuntaban a un presunto aprovechamiento de caudales públicos para la financiación ilícita de actividades del partido. El caso Bárcenas, una derivada de la trama mayor, permitió poner en escena la recepción de donativos ilegales de constructoras y la existencia de sobres negros. Poco a poco fueron conociéndose nuevos escándalos, y hoy son varios los sumarios abiertos en los que están implicados cargos relevantes del Partido Popular. Rajoy, como en tantos otros asuntos, ha permanecido con el ademán impasible, confiando en que la inevitable dilatación de procesos extraordinariamente complejos serviría para enfriar la indignación ciudadana y lo liberarían de la ingrata tarea de dar explicaciones.

Ahora ha sido llamado a declarar como testigo y, sea cual sea el procedimiento que finalmente elija para hacerlo —e incluso, sea cual sea el alcance de lo que vaya a contar—, lo que el tribunal viene a sustanciar es que hace falta que el Partido Popular establezca un relato de lo que ocurrió durante aquellos años y reclame las responsabilidades políticas de unos comportamientos que salpican a algunos de los que fueron sus cargos más relevantes. La corrupción es uno de los venenos más letales de los que atacan la democracia. Porque no siempre es fácil combatirla en aquellas sociedades abiertas que no pueden permitirse llenar de sofisticados controles cada una de las gestiones por las que suelen colarse este tipo de actividades delictivas.

Son varios millones de votantes los que ha perdido el Partido Popular en las últimas citas electorales, y aunque no toda la caída pueda endosarse a la emergencia de sus presuntas corrupciones, sí han tenido alguna importancia. Pero lo más grave ocurre entre los que no lo han votado. No dar explicaciones es la mejor receta para provocar el descrédito del sistema en la ciudadanía, y dar alas a las respuestas populistas. Pero es que, además, enrocarse en esa actitud de desentendimiento ante problemas de tanta gravedad resta credibilidad a un partido que gobierna en minoría y que necesita urgentemente recabar apoyos para enfrentarse a retos decisivos.