Hacia una nueva época

El 9 de abril de 1977, en Semana Santa, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, legalizó al Partido Comunista. Las primeras elecciones tras la dictadura iban a celebrarse en junio y la medida, que no fue bien recibida por buena parte del Ejército y la sociedad, garantizaba que se celebrarían en un clima de pluralismo real. No hay que dar por descontado, como se hace hoy frecuentemente, que se trataba de una decisión ya escrita. Eran muchos los que preferían que aquella primera cita con las urnas se celebrara sin presencia comunista, que se dejara esa decisión para más adelante.

Pero Suárez tuvo el acierto y el coraje de sortear las presiones y de incorporar a la lucha electoral a una fuerza a la que muchos veían como heredera de la Guerra Civil. Santiago Carrillo, entonces secretario general de los comunistas, había mostrado su disposición a aceptar las reglas de juego de la nueva monarquía. El impecable comportamiento de cuantos salieron a la calle en febrero para protestar contra la matanza de los abogados laboralistas, perpetrada por la extrema derecha, terminó de convencer al presidente de que no se podía privar del ejercicio del voto a un sector importante de la sociedad.

La situación económica era difícil, las actuaciones terroristas sacudían al país con frecuencia, el Ejército desconfiaba y la Secretaría General del Movimiento había existido hasta ese mismo mes de abril. La legalización de los comunistas era un paso imprescindible para terminar con los odios de la Guerra Civil. Quienes cuestionan hoy, con una frivolidad alarmante, cuanto se hizo para edificar una democracia homologable a las de los países vecinos olvidan de manera interesada que fue negociando como se alumbró una nueva época. Aquella voluntad de diálogo sirvió entonces para salir de la peor pesadilla de la España del siglo XX y podría facilitar hoy, en vez de tanto estéril enfrentamiento sectario, tratar los desafíos del presente.