La única salida de Venezuela

Liberación inmediata de todos los presos políticos y celebración de elecciones presidenciales bajo observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta es la única salida viable que le queda al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para enmendar la doble violación de las normas constitucionales que ha protagonizado en la última semana y que es fruto directo de la forma autoritaria que el chavismo tiene de concebir el poder.

La primera fue cuando el pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que él controla, anunció que asumía todas las competencias de la Asamblea Nacional, democráticamente elegida y con mayoría de la oposición. Es decir, Maduro anulaba el poder legislativo. La segunda, cuando unas horas después y ante el clamor tanto interior como exterior que denunciaba un golpe de Estado incruento, Maduro “exhortaba” al tribunal a dar marcha atrás en su decisión, cosa que, naturalmente, este hizo. Es decir, desde la presidencia se forzaba al poder judicial a cambiar una resolución que apenas momentos antes el mismo Maduro consideraba plenamente ajustada a derecho y justificada. Contradicción en estado puro que prueba lo que queda de la separación de poderes y el Estado de derecho en Venezuela y la impunidad con la que se maneja el régimen.

Hay que resaltar que no ha habido vuelta atrás alguna. La Asamblea Nacional ha sido privada de sus funciones por el chavismo desde mucho antes de que el Tribunal Supremo anunciara la apropiación de sus funciones. Desde el 11 de enero del pasado año la presidencia y el poder judicial, es decir, el oficialismo chavista, considera nulas sus actuaciones. La revocada sentencia del Tribunal Supremo no era más que el último clavo en el ataúd del sistema democrático de separación de poderes.

Maduro no se esperaba encontrar una respuesta tan contundente especialmente desde el ámbito internacional y aún menos desde un foro multilateral como es la OEA, que tiene poder para ejecutar medidas directas contra el régimen. Pero no se trata de castigar a los venezolanos, que ya sufren una penuria sin parangón en la historia del país, sino de permitirles expresar libremente su opinión sobre el futuro de su país. Y esto pasa indefectiblemente por celebrar unas elecciones en libertad, con garantías y sin coacciones.