El PSOE y Cataluña

La ponencia política dirigida por Eduardo Madina para el congreso del PSOE contiene muchos temas, y desde luego uno de ellos es intentar una solución al conflicto planteado por las autoridades catalanas en su persecución de la independencia unilateral. La propuesta no debe echarse en saco roto: básicamente recoge la llamada Declaración de Granada para la construcción de una España federal, añadiéndole algunos elementos interesantes. Todo conduce hacia una reforma constitucional que trate las reclamaciones de quienes constatan que las relaciones de Cataluña con el resto de los españoles necesitan los cambios que demanda el paso del tiempo y que el poder público español, bajo Gobierno del Partido Popular, no ha querido acometer en los últimos años.

Es difícil dar credibilidad a esta propuesta en medio del conflicto abierto, que cada día añade nuevos episodios: ora la Generalitat convoca un concurso para la realización de papeletas electorales que otros temen sean para un referéndum por las bravas, ora la fiscalía investiga preventivamente los preparativos de la Generalitat para el referéndum. Pero esta guerrilla no conducirá a ninguna solución política viable. El procés da signos de fatiga y de reconocimiento ciudadano de que por ese camino no se llega a ningún puerto diferente del de una conflictividad permanente, según se lee en la ponencia política socialista. En la ambigüedad quedan los atisbos de rectificar desde sectores del PP y del Gobierno, y los gestos desde ámbitos independentistas favorables a explorar esa posibilidad que los autores de la ponencia creen apreciar.

Hablar de todo menos de independencia es un buen criterio. La reconstrucción de la convivencia no puede lograrse mediante un referéndum en el que solo la ciudadanía de Cataluña se pronuncie sobre la independencia. Los autores de la ponencia tienen razón cuando afirman que el derecho de autodeterminación no cabe ni en el orden constitucional ni en el derecho internacional. Lo absurdo es aferrarse a una idea de gestos teatrales dirigidos a una galería europea donde hay poco público para este problema. Tampoco se debe comparar con el caso de Escocia y Reino Unido, inmersos en una legalidad y costumbres distintas de las que rigen en otros muchos países democráticos de Europa, España entre ellos.

Hasta ahora el PP ha hecho muy poco para superar la situación creada. Se aferra a que no hay consenso previo para reformar la Constitución, pero tampoco lo había en la Transición y se fue forjando poco a poco. Una reforma constitucional resulta mucho más útil y constructiva que el unilateralismo exhibido por las autoridades catalanas, y a este respecto la ponencia socialista insiste en la idea de constituir una subcomisión en el Congreso sobre la reforma constitucional. Puede quedarse en nada si el PP persiste en su negativa y si las autoridades independentistas de Cataluña insisten en negar el pan y la sal a todo lo que se separe de su propia hoja de ruta. Pero la política da muchas vueltas y hay que abandonar los inmovilismos en beneficio de otras soluciones.