Los exiliados de Trump

Los recientes memorandos publicados por el Gobierno norteamericano sobre seguridad nacional y frontera son preocupantes. Aunque no sabemos cómo se aplicarán y cuál será el nivel de compromiso u oposición de cada Estado de la Unión americana, conviene estar prevenidos. Especialmente con las deportaciones expeditas que violan el debido proceso, saltándose las cortes de inmigración y dándole facultades de juez y jurado a los agentes que las ejecutan. La posibilidad de que otras nacionalidades estén en el espectro de deportación hacia México preocupa y es inadmisible. Igualmente, las persecuciones encomendadas a las autoridades locales, además de generar una controversia constitucional y de causar problemas a estas agencias, vulnera la confianza en sus policías arriesgando la seguridad comunitaria.

El fenómeno de la deportación no es nuevo. Obama devolvió entre 3 (según Homeland Security) y 3,8 millones (según el Instituto Nacional de Migración Mexicano) de personas. El tono, la visibilidad y los discursos de amenaza y xenofobia de Trump sí lo es. Aunque los números de deportados no han cambiado, algunos casos como el de Guadalupe Ortiz, Daniel Medina y Jeanette Vizguerra generan pánico.

La deportación es una sanción oficial de un país contra una persona. Consiste en enviar al detenido a su nación de origen, impidiéndole su regreso por un periodo determinado por haber violado la ley migratoria. Aunque los indocumentados mexicanos pueden acudir a los 50 consulados de México en EE UU, temen hacerlo. Además, muchas veces ignoran los pasos a seguir en caso de detención o las consecuencias de optar por la vía voluntaria para dejar EE UU y desconocen sus derechos. Por ello resulta fundamental la ayuda de la sociedad civil y los medios para difundir sus derechos y alternativas disponibles.

Son varios los motivos de deportación. Hay personas que han cometido delitos graves y se encuentran presas, pero otros son expulsados por presentar una identificación falsa, conducir en estado de ebriedad o por otras faltas administrativas. De 500.000 deportados en los últimos dos años, solo 27.000 cometieron un delito grave. A pesar del enorme incremento en las deportaciones a partir de 2007 y una supuesta disminución en los flujos de migrantes mexicanos, la población mexicana total —con o sin papeles— alcanzó en 2016 el nivel más alto de la historia: casi 13 millones. Esto debería relativizar la tesis de la balanza migratoria cero.

Lo más importante para México es dar batalla en los tribunales. El Gobierno mexicano, el sector privado y todo aquel que quiera contribuir al deseo de la comunidad mexicana de permanecer en EE UU deben apoyar con asesoría legal e incluso con el pago de fianzas si es preciso. Cada caso debe ser analizado a la luz de los posibles activos migratorios con los que se puedan defender: tramitar la ciudadanía a los que cumplan con los requisitos, que los niños nacidos en EE UU tramiten su nacionalidad mexicana también, y que aquellos cuyos abogados sugieran que no hay mucho que hacer, cuenten con un plan emergente de repatriación que incluya a sus familias y bienes.

Para los que a pesar de todo regresen, se requieren políticas integrales que les permitan reinsertarse. Necesitan atención psicológica para enfrentar la llegada y la posible separación familiar; la revalidación de estudios; la certificación de habilidades, y una plataforma que conecte la oferta con la demanda laboral de estas personas. Se necesitarán esquemas de transición adecuados al idioma español en el caso de los niños para evitar el frecuente acoso escolar.

Será precisa una negociación integral y firme. Mientras que las deportaciones de centroamericanos han disminuido en los últimos años, a México se han incrementado desde 2014. Los menores centroamericanos no acompañados han implicado retos importantes para México y para la cooperación binacional en materia de seguridad. No obstante, existen recursos, contrapesos y opciones para México y su gente en EE UU. Los tribunales, la saturación del sistema migratorio, los flujos centroamericanos, los aliados estadounidenses, los medios de comunicación, los 50 consulados mexicanos, todos son fundamentales en la resistencia. Esta deberá darse principalmente en el poder judicial norteamericano, donde se puede avanzar más, o retroceder menos.

Jorge G. Castañeda, exministro de Asuntos Exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York. Eunice Rendón fue directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior.