Un cambio económico

Cuando dos instituciones conciden en un diagnóstico negativo es difícil negar que hay razones para la inquietud. Poco después de que Bruselas alertara en su informe sobre España acerca de los riesgos de pobreza y exclusión social que planean hoy sobre la economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado su análisis de la economía española, que puede resumirse en una frase general: la economía ha mejorado, con tasas de crecimiento superiores a lo esperado, pero ha aumentado la pobreza y la amenaza de exclusión para una parte de los ciudadanos. La macroeconomía funciona; el bienestar individual de algunos se ha deteriorado debido a la crisis y a la ausencia de políticas sociales y correctoras de la exclusión.

Para la OCDE, las amenazas al bienestar son evidentes. Dos estadísticas son significativas: la pobreza relativa ha aumentado desde el 14% al 16% entre 2007 y 2014; y la pobreza infantil es del 23,4%, frente a una media europea del 13,3%. Las causas de este aumento del malestar, en contraste con la mejora macroeconómica, hay que buscarlas primero en una política de depresión de las rentas, aplicada en 2012 para evitar la destrucción de empresas que todavía no se ha rectificado y en la ausencia de políticas sociales compensatorias de la pérdida de empleos y rentas.

Los tratamientos propuestos por la OCDE incluyen la reiterada apelación a las reformas, una reivindicación de las políticas activas de empleo y un aumento de las ayudas públicas a las familias. Sobre la insistencia en las reformas, hay que recordar que, efectivamente, la economía necesita con cierta celeridad una reforma fiscal y una reforma administrativa que reduzca el excesivo coste de los organismos públicos; además de liberalizaciones en los mercados estratégicos (como la energía), profesionales y educativos. Pero es dudoso que el Gobierno esté hoy en disposición política de afrontarlas. En cuanto a las ayudas sociales, el equipo económico carece hoy de una visión global de cómo deberían reformarse los mecanismos de protección públical (sanidad, seguro de desempleo, pensiones) en una fase de austeridad impuesta desde Bruselas (y bien acogida en Madrid). No obstante, es obligado reforzar la protección para evitar la exclusión social, que empieza a ser algo más que un indicio.

Es imperativo que cambien las políticas de empleo y de rentas. La OCDE, como Bruselas, advierte que España tiene que aumentar el empleo de calidad, porque es el único procedimiento para ganar en productividad; y la productividad es el factor que sostendrá el crecimiento y permitirá un patrón de crecimiento mejor que el actual. Y, por supuesto, la economía necesita un nuevo pacto que aumente las rentas de los asalariados. Mejoraría el ánimo público confirmar que la situación ha cambiado y que las expectativas de prosperidad son otras. Se han seguido políticas que ahora hay que rectificar.

La OCDE, igual que Bruselas, apunta a las causas del empobrecimiento relativo y apunta los remedios para recuperar una senda de prosperidad. El Gobierno tiene que tomar la iniciativa para aplicarlos y, si es necesario, reclamar un pacto político para buscar soluciones pactadas.