Puertos bajo presión

El Gobierno ha presentado por fin el decreto ley que liberaliza el mercado de la estiba en los puertos españoles. El texto rompe el monopolio de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), puesto que establece que ya no será necesario que las empresas que trabajan en el puerto estén asociadas a una de ellas y podrán seleccionar a su personal entre trabajadores formados profesionalmente para la labor. El decreto fija además un periodo transitorio de tres años —uno de los puntos de discrepancia con los estibadores, que pedían entre cinco y seis—; durante el primero, las empresas están obligadas a contratar al menos el 75% de trabajadores en las SAGEP; durante el segundo, el 50%, y durante el tercero, el 25%.

Puestas así las cosas, importa saber lo que hará la oposición. Si el decreto ley se convalida en el Congreso (con mayoría simple), podría tramitarse como proyecto de ley y cabría introducir enmiendas. Pero para eso la oposición tiene que aceptar el texto. Si no se convalida, se abrirá un periodo de conflictividad portuaria muy dañino para la economía, que además puede implicar sanciones de Bruselas.

El decreto ley da cumplimiento a la normativa comunitaria sobre la libertad de establecimiento y abre el mercado de la estiba a otras empresas de la Unión Europea, que podrán concurrir libremente para contratar trabajadores y prestar servicios de estiba en los puertos españoles. Pero no incluye los acuerdos que eventualmente puedan alcanzar sindicatos y empresas.

La convocatoria de nueve días de huelga a partir del día 6 es una medida de presión para forzar una negociación, que hasta ahora no ha dado frutos. Dada la importancia de la cuestión, y ante la gravedad del conflicto que se avecina, el Gobierno no puede desentenderse. Al contrario, debe seguir comprometido en la búsqueda de una solución satisfactoria.