La mejor solución

El acuerdo para crear una comisión de investigación en el Congreso que examine “con profundidad y rigor” las causas que originaron la crisis financiera (por la que los ciudadanos españoles han pagado 60.000 millones, según el Tribunal de Cuentas) es probablemente la mejor solución política para conocer las responsabilidades administrativas y regulatorias en una de las quiebras bancarias más espectaculares de la eurozona. Primero, porque ya era hora de que los españoles recibieran una explicación detallada de la crisis; después, porque, en contra de algunas propuestas restrictivas, la comisión no se centrará solo en el papel de los reguladores (Banco de España, CNMV) o en el de un Gobierno concreto, sino que analizará el periodo 2000-2015, cuando se gestó y estalló el crash; y, en fin, porque se pondrá en marcha en un periodo relativamente breve, en abril.

Al mismo tiempo, el Banco de España ha tomado la iniciativa —tal como sugirió el gobernador, Luis Linde, en EL PAÍS— de elaborar un informe interno detallado que tiene la pretensión de aclarar el papel del Banco durante la crisis. Dado que el Banco de España es una institución básica —de hecho, era la más respetada hasta la crisis de 2008—, es crucial que se documente con detalle y se explique comparativamente cuál fue su actuación durante la crisis y cuál su intervención en la catastrófica salida a Bolsa de BFA-Bankia. Para restituir sin sombra de duda el prestigio del Banco hubiera sido preferible una comisión externa; no es tarde para considerarla. En cualquier caso, bienvenido sea el ejercicio de autoexamen.

No obstante, no es posible evitar el escepticismo inicial sobre la capacidad de la comisión parlamentaria para despejar todas las dudas sobre la crisis bancaria; o sobre la reconstrucción que pueda hacer el Banco sobre su actuación; o, ya puestos, sobre el recorrido indagatorio de los tribunales —Miguel Ángel Fernández Ordóñez está investigado en la causa por la salida a Bolsa de Bankia—. Pero son trámites ineludibles para ofrecer una explicación plausible y democrática desde todas las instituciones del Estado. Contribuirán a recuperar la confianza no solo en la credibilidad del Banco de España y de las entidades financieras sino también en la justicia y en los mecanismos de protección económica y financiera del Estado.

La crisis de las cajas y la destrucción de un tercio del sistema financiero no es algo sencillo que pueda sustanciarse ofreciendo chivos expiatorios políticos o culpando obsesivamente a los reguladores. Hay que establecer una línea clara entre culpabilidad y responsabilidad. En primera línea de culpabilidad, los gestores de las entidades y sus consejos de administración, que se complacieron en disparar el crédito y en aumentar la concentración de riesgos con promotores inmobiliarios más allá de cualquier reserva prudencial; en segunda línea, los responsables políticos que ocuparon los consejos de las cajas con enviados y amigos incompetentes simplemente para ocupar espacios de poder que disputaban a sus rivales. Y, por supuesto, la responsabilidad de los reguladores, que conviene señalar y precisar. Pero lo peor sería meter a culpables y responsables en el mismo saco de la revancha política.