Puertos en conflicto

Las conversaciones entre el Gobierno y los representantes de los estibadores terminaron ayer sin acuerdo. Si el Ejecutivo no altera sus planes actuales, el decreto ley que liberaliza el mercado laboral de la estiba será aprobado por el Consejo de Ministros del viernes; y los afectados cumplirán su amenaza de declararse en huelga los próximos 20, 22 y 24 de febrero. El daño de una huelga declarada —las empresas se quejan de que ya hay una huelga encubierta, circunstancia que los trabajadores niegan— puede ser muy grave para la economía española (el 56% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se transbordan en los puertos) y, además, se presume un grado elevado de conflictividad en las calles.

El origen del conflicto entre el Gobierno y los estibadores está en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que insta a España a liberalizar el mercado de trabajo de la estiba en los puertos españoles, fechada en diciembre de 2014. La sentencia, que imponía además una multa de 21 millones, entendía que la ley española era ilegal, puesto que no permitía la contratación de estibadores en un mercado libre. Amenazaba con nuevas multas de hasta 134.000 euros diarios. En la práctica este trabajo está rígidamente controlado en España por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, que dominan el mercado en régimen de oligopolio.

El Gobierno español tiene que cumplir con la sentencia europea. Esta obligación ni puede ni debe discutirse. También debería defenderse que el mercado laboral de la estiba, fuertemente protegido y con salarios medios que, según algunos cálculos, rondan los 60.000 euros anuales, debe quedar en un régimen abierto en el plazo que se negocie. Bajarán así los costes de carga y descarga en los puertos, más altos en España que en Europa.

Los trabajadores entienden que lo que se pretende es precarizar el empleo e insisten en mantener un registro de estibadores, el obstáculo principal para que se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo. Pero la liberalización no solo abrirá la posibilidad de contratar a trabajadores que en la actualidad no pueden acceder a esos empleos, a pesar de tener la titulación requerida, sino que reducirá los costes portuarios, en beneficio de empresas y consumidores.

La liberalización que pretende Fomento a instancias de la UE debe pues aplicarse, pero de forma gradual y negociada para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Los mercados protegidos u oligopólicos, de los que en España hay muchos y notables ejemplos, no pueden mantenerse indefinidamente, pero para disolverlos se necesita tiempo y una negociación práctica sobre periodos transitorios. El Gobierno conocía el problema desde diciembre de 2014 y no ha sido capaz de resolverlo; ahora pretende arreglarlo mediante acuerdos forzados de última hora en el Congreso, en los que se quiere implicar a otros partidos. Ese no es el camino. El Gobierno tiene que recuperar la negociación en busca de un acuerdo satisfactorio. Que se resume en dos puntos capitales: cumplir la sentencia europea y pactar un periodo de transición que evite el cierre de los puertos.