Garoña o la jubilación a los sesenta años

Torturado e ininteligible: para el común de los españoles, así es el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña. Resumen de acontecimientos: la central, propiedad de la empresa Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%), estaba cerrada desde 2012; el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigió nuevas inversiones para reforzar la seguridad de la planta (algo lógico después de Fukushima y dada la edad de la central, que ya había cumplido sus 25 años de vida útil); el dinero extra comprometía (supuestamente) la rentabilidad de Garoña; no obstante, la propietaria solicita al CSN una autorización o prórroga de funcionamiento en 2013; el Consejo concede la autorización, aunque Nuclenor no ha aumentado la seguridad; Energía tendrá que autorizar definitivamente la reapertura, condicionada —es de suponer— a la aplicación de las inversiones requeridas. Fin de un guión abstruso.

Si teóricamente Garoña no es rentable tras las inversiones pos-Fukushima, ¿por qué solicitó la propietaria una reapertura? Si el CSN pidió más seguridad, ¿por qué concedió el nihil obstat antes de que Nuclenor pusiera un solo euro? Algún consejero de Felipe II diría que unos y otros están revolviendo cucharas. Lo de Energía se entiende: quiere ampliar la vida útil a las nucleares hasta los 60 años, pero teme (con razón) la respuesta del Gobierno vasco, de los partidos que se oponen a la prórroga y a los antinucleares; así que va parcelando las ampliaciones de funcionamiento con la ayuda del CSN, con la esperanza de que en el futuro se replantee la propuesta de los 60 años.

Es poco creíble que Garoña deje de ser rentable incluso con nuevas inversiones en seguridad. Pero se puede comprobar; en Garoña y en el resto de las nucleares. Para cerciorarse, un Gobierno consciente reconstruiría la contabilidad regulatoria de las nucleares desde su puesta en funcionamiento. Atención, reconstruir no significa aceptar sin más la contabilidad de las compañías, incluso aunque esté auditada, sino aplicar a las cuentas financieras de las centrales los ingresos obtenidos durante el marco legal estable, más los beneficios marginales obtenidos con el actual simulacro de mercado más los costes de transición a la competencia (CTC). El minué que baila Nuclenor del brazo de Garoña quizá tenga poco que ver con la rentabilidad (auténtica) del megavatio nuclear. Su mirada, como la del Gobierno, está puesta en los 60 años de vida útil para las nucleares. En ese plazo, cualquier coste añadido de seguridad se diluye y los beneficios se multiplican. Además, Garoña establecerá un precedente para el resto de los grupos nucleares.

Para el observador atónito, el enredo carece de sentido porque percibe la situación en términos muy sencillos. Si las empresas invierten lo exigido, la central se pondrá en marcha; si no lo hacen, hay dos opciones. La primera es que Garoña se desmantele por obra y mano de Enresa; la segunda, que funcione por cuenta de otro operador. Podría ser el Estado. Así, el megavatio nuclear barato (si fuera cierto que sus costes variables son los más bajos del mix) revertiría sobre el recibo de los consumidores. Soñar es gratis.