La sombra de Bankia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido citar como investigados (la antigua figura de imputado) al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y a otros directivos del Banco y de la CNMV por sus decisiones en la constitución y salida a Bolsa de BFA-Bankia. La sala aprecia que la declaración e investigación del papel de los reguladores financieros puede aclarar episodios insuficientemente explicados de la salida a Bolsa de Bankia, que a la postre causó un gran quebranto económico; y determinará si las conductas de los investigados son punibles. Los tres cargos de supervisión del Banco que participaron en la salida a Bolsa de Bankia que todavía permanecían en la institución han dimitido tras conocerse la decisión de la Audiencia. Es el camino correcto.

Pero una vez sentado el principio general, es obligado recordar otros criterios relevantes que también forman parte del sistema básico de derechos. El primero es que ser investigado (o imputado) no equivale a ser condenado; esta precisión elemental tiene especial significación en un asunto tan complejo como la salida a Bolsa de Bankia. La presunción es que la información contenida en el folleto facilitado a los inversores requiere, para confirmarla o descartarla, un examen a fondo de las cuentas de la entidad. Si hubo delito de falsedad, no debe quedar impune.

Hay que exigir además que la investigación judicial sea exhaustiva. Se trata en primera instancia de evitar errores jurídicos, pero también de que la conclusión final no deje lugar a dudas sobre lo que sucedió. Debe quedar explicado, de una vez por todas, un episodio muy grave para el sistema financiero (y para el sistema democrático en general) como el de la crisis de Bankia. Nada hay tan perjudicial para los intereses políticos y económicos de un país como que un problema grave —una quiebra y subsiguiente rescate con dinero público— se cierre en falso y sin las explicaciones debidas. Si lo que se quiere es una investigación decisiva, que no deje lugar a dudas, es necesario ir mucho más allá de los correos electrónicos de los inspectores que desaconsejaban la salida a Bolsa de Bankia; la primera obligación de los inspectores es presentar la información en tiempo y forma, dejando constancia escrita y no a través de correos electrónicos.

Existe, por añadidura, otra distinción fundamental: la que se da entre culpabilidad y responsabilidad. Esta distinción permite a los ciudadanos entender que fueron las decisiones del consejo de Bankia las que dañaron los intereses de los accionistas. Trasladar las consecuencias de los actos del consejo de Bankia a la cuenta del regulador (Banco de España) puede ser una buena táctica jurídica pero no contribuye a la claridad final de la investigación.

En resumen, los ciudadanos tienen derecho a que la investigación del caso Bankia se desarrolle de forma eficaz, con los medios adecuados y una voluntad férrea de aclarar lo sucedido. Tan equivocado sería echar tierra al asunto de Bankia, que ha costado 22.000 millones a los ciudadanos, como proceder a exámenes apresurados, condenas precipitadas y conclusiones sin fundamento.