España no puede ser equidistante entre México y Trump

La prudencia es siempre una virtud. Y más en las relaciones exteriores, donde siempre hay en juego delicados intereses vitales. Pero la prudencia en modo alguno debe excluir la firmeza cuando se trata, precisamente, de esos mismos intereses y, con más justificación aún, cuando de lo que hablamos es de defender valores y principios esenciales para la convivencia pacífica y armoniosa entre países.

El Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo durante la campaña electoral estadounidense una posición de silencio ante las invectivas lanzadas contra México y los mexicanos por el entonces candidato Trump. Y tras las elecciones, decidió adoptar un compás de espera hasta ver si finalmente las amenazas se materializaban en hechos tangibles. Pues bien, transcurrida la primera semana de la Administración Trump, ya no cabe argüir desconocimiento. Al contrario, hay elementos de sobra para que el Gobierno, en lugar de manifestar equidistancia, como hizo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo en su rueda de prensa semanal, mostrara la extrema preocupación que tanto las declaraciones de Trump como sus actuaciones están provocando en todo el mundo, y concretamente, en lo que se refiere a México, en la comunidad iberoamericana.

Nada hay de malo en querer mantener abiertos los puentes y las vías de comunicación con la Administración Trump ni en reivindicar el diálogo frente a la imposiciones unilaterales. Pero esas vías deben servir, precisamente, para transmitir al Gobierno de EE UU, que por el camino iniciado por su nueva Administración con respecto a México va a encontrar el rechazo activo de España, la comunidad iberoamericana y la Unión Europea. Es en esa línea de prudencia, aquí bien entendida, en la que tanto Angela Merkel como François Hollande han llamado a la unidad de los europeos y, en previsión de tiempos difíciles, a la vigilancia de todos en defensa de sus principios e intereses. Es esa línea de activa preocupación y compromiso, y no la equidistancia entre el agresor y el agredido, la que el Gobierno de España debería adoptar.