Luz de alarma

La subida explosiva del precio de la luz durante las últimas semanas ha provocado una alarma social que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no ha podido disipar con sus intervenciones apresuradas y el anuncio de medidas específicas en el mercado del gas. La escalada de precios, con su efecto correspondiente en el recibo, está medida: un año atrás, el precio de la electricidad en el mercado estaba en torno a los 20 euros por megawatio/hora; en plena ola de frío en España, con temperaturas que han llegado a los -24 grados, el precio se ha disparado hasta los 90 euros. El ministro ha sido el primer alarmado por este encarecimiento extremo. A mediados de enero llegó a declarar, con cierta temeridad, que si se mantenían los niveles actuales el precio para el consumidor podría subir en unos 100 euros anuales.

Las causas inmediatas del estallido de precios son conocidas. La caída de la producción de energía renovable (ausencia de viento) y la retirada por mantenimiento de dos nucleares ha propiciado que la electricidad más barata haya sido sustituida por producción más cara (carbón, fuel, gas). Así se explica el grueso de la estridente volatilidad de los precios. Pero conviene no equivocarse en el diagnóstico. Las causas inmediatas pueden superarse —en cuanto pase la ola de frío o vuelva a soplar el viento—, pero la fijación del precio de la electricidad es pintoresca y deficiente, producto de décadas de errores acumulados.

En primer lugar, la luz es un mercado —sui generis, porque no se rige según el principio de a más demanda menor precio— regulado. De esta definición debería deducirse que el regulador ha de actuar para evitar la volatilidad extrema de los precios y sus efectos sobre una sociedad que ha sufrido un drástico empobrecimiento en los segmentos más bajos de renta. El regulador cometió un grave error cuando sustituyó las llamadas subastas CESUR por el procedimiento de fijar los precios de acuerdo con el mercado diario. Y no porque hubiera que respetar las CESUR sino porque anclar el precio a un mercado diario conduce inevitablemente a la volatilidad.

Es muy fácil que el mercado reaccione desmesuradamente a la retirada de la producción renovable o nuclear. A pesar de las triviales disposiciones para aumentar el suministro del gas, lo cierto es que con la indexación actual de precios volverán a darse los mismo resultados (precios disparados) cuando la demanda sea excepcional y se hunda la producción de menos coste.

Si el Gobierno quiere acabar con la volatilidad de los precios y la alarma social subsiguiente —magnificada, porque el precio medio del mercado el año pasado fue de 40 euros y este año, con las subidas conocidas, puede situarse en torno a los 47 euros— tiene una vía de acción sencilla: fijar el precio de la tarifa según la media trimestral del mercado y crear algún fondo de compensación para ajustar las diferencias al final de cada periodo. Como la luz es un servicio esencial y una sociedad europea no puede permitir que sus ciudadanos mueran de frío, lo lógico sería superar el concepto de bono social y subvencionarla para las escalas de rentas más bajas.

El ministro Nadal tiene dos opciones: seguir poniendo parches a medida que aparezcan los pinchazos o reformar a fondo la regulación.