Lo público y lo privado

Quizás les sorprenda saber que España es en número y volumen económico, el país europeo con más proyectos de colaboración público-privada tras Reino Unido. Sin embargo, la Administración sigue sin disponer de capacidad para asegurar que con estos instrumentos de gestión, los intereses ciudadanos están garantizados. Cabría recordar a los Reyes Magos que necesitamos urgentemente mecanismos para evitar que experiencias como el oneroso rescate de radiales y hospitales enturbien iniciativas de colaboración útiles.

En España y Europa, izquierda y derecha apuestan por la colaboración público-privada. La izquierda para hacer políticamente sostenible el sistema de bienestar ofreciendo a la clase media la posibilidad de optar entre alternativas de provisión en educación o sanidad, o para poder desplazar el coste de grandes inversiones en infraestructuras al futuro como estas fórmulas permiten. La derecha lo ha utilizado como mecanismo para limitar el alcance de lo público y estimular la iniciativa privada que por alguna razón supone menos proclive a la corrupción o más eficaz.

España se diferencia de Europa en que, como elocuentemente reconocen varios informes de expertos y el propio Gobierno, se ha trabajado poco en analizar la sostenibilidad y eficiencia de estas fórmulas y nada en averiguar si producen mejores resultados en salud o vertebración territorial de lo que lo hacen otras alternativas. Además de a nuestra inveterada y renovada aversión a la evaluación de políticas, estas carencias se deben a varias razones: la fe ciega en que el mercado puede hacerlo mejor que el sector público, el temor de los Gobiernos a admitir que recurren más a estas fórmulas de lo que la opinión pública quisiera (un 80% de los ciudadanos, por ejemplo, se oponen a introducirlas en las políticas de bienestar) o a que la oposición, a veces muy agresiva contra estas iniciativas, pueda obtener rédito político si se produce una evaluación negativa.

Lo cierto es que la evaluación interesa a todos porque si vuelven a producirse casos como el de las autovías, en que el dinero de los contribuyentes se utiliza en el rescate de empresas en vez de en el rescate ciudadano, inevitablemente todas estas experiencias de gestión caerán bajo la sospecha.