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Corrupción y transparencia, enemigos íntimos

La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes, y no sólo de reglas

Manifestación contra la destitución temporal por corrupción de la presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye.
Manifestación contra la destitución temporal por corrupción de la presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye. AP

Los constantes escándalos y denuncias por corrupción en Europa en los últimos años han dañado de tal forma la credibilidad de las instituciones que ha surgido un sentimiento general de desilusión pública y tensiones sociales y políticas. La crisis económica y financiera ha contribuido a hacer visibles los efectos de la mala gestión, los conflictos de intereses y la corrupción tanto en el sector público como en el privado.

Desde hace 17 años, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha supervisado las medidas contra la corrupción llevadas a cabo por los Estados europeos y ha seguido de cerca las preocupaciones de los ciudadanos en este ámbito. Nuestros Estados miembros aceptan evaluaciones, a menudo muy críticas, sobre su actuación y les exigimos que reaccionen y que pongan en marcha las reformas necesarias. Aunque ha habido avances, lo cierto es que los gobiernos, los parlamentos y las autoridades judiciales deben hacer mucho más.

La lucha efectiva contra la corrupción exige tres elementos esenciales: una voluntad política sostenida, una política anticorrupción estratégica, integral y coordinada; y el más alto nivel de transparencia posible en la vida política, administrativa y económica. Por ello, la transparencia es el enemigo natural de la corrupción y del abuso de poder. Un alto nivel de transparencia en la dirección de los asuntos públicos (y en el sector privado) es primordial para prevenir la corrupción, como también lo es el derecho a expresar opiniones divergentes y la existencia de unos medios de comunicación realmente independientes.

Por tanto, sin transparencia es imposible conseguir que la lucha contra la corrupción sea eficaz. Para ello, la legislación sobre el acceso a la información debería ser lo más sencilla posible y no incluir procedimientos largos y complejos o condiciones que pudieran limitar u obstaculizar la accesibilidad a la información. Por ejemplo, no contribuye a tener unas administraciones transparentes que cuando los ciudadanos o los medios de comunicación quieren solicitar información al Estado estén siempre obligados a hacerlo por escrito y con el requisito de que exista un "interés directo y legítimo" para conocer dicha información. El acceso libre a la información debería ser la norma y la retención de información, la excepción.

El GRECO ha prestado considerable atención a los denunciantes, aquellos que informan de sospechas de corrupción y de otros abusos en la administración pública y en el sector privado. Su actuación genera transparencia. La denuncia es una herramienta importante para propiciar que se rindan cuentas, fomentar una cultura de la integridad, y fortalecer la lucha contra la mala gestión en general y la corrupción en particular.

Los denunciantes suelen estar expuestos al despido. Por lo tanto, son necesarias normas adecuadas para darles protección contra cualquier tipo de represalia. Y es imprescindible que exista un mecanismo que investigue las denuncias de represalias y proporcione una reparación a los que las sufren.

La transparencia desempeña un papel decisivo en cuanto a las inmunidades de que gozan ciertos titulares de cargos públicos y representantes electos en algunos de países. Estas inmunidades –en relación con la investigación, el encausamiento o el enjuiciamiento– obstaculizan la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, el GRECO ha recomendado a algunos Estados que reduzcan el número de beneficiarios de dicha inmunidad. También ha recomendado que los procedimientos de suspensión de la inmunidad de los parlamentarios sean más claros y transparentes y, ante todo, estén menos politizados.

El nombramiento y la carrera de los altos cargos en la administración pública suele hacerse de una manera excesivamente secreta, marcada por el favoritismo y, por tanto, sin transparencia, sin imparcialidad y sin criterios claros para la valoración de los candidatos. Sin embargo, tenemos que reconocer que algunos países han hecho esfuerzos para erradicar el favoritismo y el nepotismo en la administración pública.

La transparencia también es fundamental en la difícil cuestión de los conflictos de interés. Los funcionarios deben trabajar para los ciudadanos, no para su interés personal. Será más fácil que los conflictos de interés y el patrimonio de origen desconocido salgan a la luz si se exige a los titulares de cargos públicos que presenten declaraciones de bienes, ingresos e intereses. Si dichos procedimientos se supervisan de manera apropiada, pueden ser de gran utilidad en la lucha contra la corrupción.

Asimismo es esencial que la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales sea transparente. A medida que los Estados fortalecen la legislación surgen nuevas formas de eludir las normas, por ejemplo, recurriendo a fundaciones políticas. En muchos países, la información financiera no se hace pública de una manera fácilmente accesible y a veces las cuentas ni siquiera son objeto de un examen independiente.

La transparencia no basta por sí sola para prevenir de forma creíble la corrupción. La experiencia nos ha demostrado que la prevención debe ir acompañada de una aplicación rigurosa de la ley; ambas son complementarias, no alternativas. Las medidas de prevención serán en vano si no están respaldadas por iniciativas para combatir la impunidad, también en el ámbito de la corrupción de alto nivel.

La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes, y no sólo de reglas. Y en ello el sistema educativo debe desempeñar un papel importante. Los efectos de la corrupción son devastadores y es necesario que nos impliquemos todos. Una mayor transparencia se traducirá en una mayor rendición de cuentas y, por tanto, en una mayor confianza del conjunto de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos. En última instancia, la transparencia se convierte en un requisito indispensable para mejorar la democracia.

Marin Mrcela es presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

 

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