Los que se van no son ciudadanos de segunda

En menos de un decenio, ha crecido en varios cientos de miles el número de españoles con derecho a voto que reside en otros países. No sabemos bien cuántos han decidido iniciar un proyecto de vida en el extranjero porque les interesa o les conviene, y cuántos, sobre todo jóvenes, lo han hecho por escasez de oportunidades profesionales o en busca de empleos menos precarios en medio de la Gran Recesión. Los datos aún son incompletos.

Lo que no tiene duda es que, a medida que aumenta el número de españoles fuera del país, son menos los que votan. En 2008 participó en las elecciones generales un 31,8% de los 1,2 millones de residentes en el exterior con derecho a hacerlo. Tras los cambios legales de 2010, la participación de votantes en el exterior bajó drásticamente tanto en las generales del año siguiente como en 2015. El 26 de junio, con casi dos millones de electores residentes fuera de España, solo votó el 6,3% pese a una ligerísima recuperación.

Este desaguisado quedó amparado bajo la extraña denominación de “voto rogado”, y resulta chirriante el mero concepto de rogar el ejercicio de un derecho tan fundamental. Además, la reforma de marras ha llevado al límite las dificultades. No resulta extraño que el Parlamento Europeo, a petición de algunos afectados, haya llamado la atención sobre ello. Ya se sabe que un toque desde el exterior siempre viene bien a la hora de combatir las desidias españolas, que en este caso convierten a un nutrido grupo de compatriotas en ciudadanos de segunda.

Por eso es interesante la propuesta de la Junta Electoral para permitir el voto telemático de los residentes en el extranjero. Hay que garantizar la seguridad en la emisión y recuento de los votos por Internet, para evitar dificultades adicionales. Ahora bien, es evidente que todas las personas desean la mayor confidencialidad de sus datos fiscales, y eso no es óbice para la continua presentación telemática de declaraciones tributarias.

Es verdad que el trasiego de votos sin fronteras puede convertirse en petróleo electoral de dudoso origen cuando cae en manos poco escrupulosas, y de ahí la necesidad de diseñar y organizar cuidadosamente las soluciones. Una serie de irregularidades con el sistema anterior fue precisamente lo que provocó la implantación del malhadado voto rogado. Pero ha sido peor el remedio que la enfermedad: ahora se puede votar demasiado poco desde fuera de España.

Cuando los cuarteles generales de la política se ocupen de este asunto, sin duda habrán reflexionado sobre a qué sector perjudica y a quién puede beneficiar un incremento de votos procedentes del exterior. Fuera cálculos partidistas. No hay que perder de vista la importancia de crear las condiciones para que sea posible irse, todavía más para regresar sin precariedades... y poder votar mientras tanto.