Argentina se revuelve contra la detención de inmigrantes

Académicos, activistas y migrantes se organizan en Argentina para hacerse escuchar y decirle al Gobierno que no quieren un centro de detención para migrantes. En los últimos meses, los líderes migrantes denunciaron que se pasó de un paradigma centrado en los derechos humanos a uno basado en la expulsión por parte del Estado. Es decir, que se concibe las migraciones como un problema de seguridad nacional y de orden público. Por su parte, los funcionarios del Gobierno banalizaron los reclamos y dijeron que se generó una polémica por simple oposición política.

La Ley de Migraciones Argentina (Ley 25.871), promulgada en 2004, es reconocida internacionalmente por su foco en los derechos humanos. Si bien en la legislación la retención de personas está efectivamente contemplada, también se resalta que esta debe operar en casos firmes y consentidos.

Todo comenzó con un comunicado oficial para informar sobre la creación de un centro de detención para migrantes. El texto difundido en agosto en el sitio web de la Dirección Nacional de Migraciones se titulaba: Complementación estatal contra la irregularidad migratoria. Ante las numerosas críticas, se hicieron modificaciones en el comunicado y la segunda vez el título fue: Complementación estatal en aplicación de la Ley 25.871.

Además, en la segunda versión se dejó trascender que el acuerdo para llevar adelante esta medida se realizó con los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, se hizo una tercera modificación que decía: Complementación estatal en aplicación de la ley migratoria. Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al país. Actualmente, el comunicado no está en la web, pero el proyecto sigue vigente. En teoría, según el Gobierno, los migrantes detenidos en el centro serían aquellos que tuvieran una orden de expulsión por parte de un juez.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. El director de litigio de dicha institución, Diego Morales, opinó: “La política de regularización migratoria alcanzó a casi un millón de personas desde 2004 hasta la actualidad. La posibilidad de tener documentos facilitó la reacción en contra del centro de detención. Cada vez hay más gente que se organiza para protestar contra este tipo de medidas. La única forma de resolver la discriminación y xenofobia es con regularización. Los caminos que elige el Gobierno en términos de comunicación no son los adecuados y en términos legales solo es posible que se detengan a las personas con una orden de expulsión dada por un juez”.

Marta Guerreño Lopez es una líder migrante y médica paraguaya que vive en la provincia de Córdoba, en Argentina, hace 30 años. Preside la Casa Paraguaya y la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, que es una federación que nuclea a 42 instituciones de inmigrantes. Ella se muestra muy preocupada por la discriminación social. “Siento que volvimos a la persecución previa a la sanción de la Ley 25.871. Nuevamente se criminaliza a la migración y somos el chivo expiatorio de todos los males. Cuando hay problemas, nosotros somos los culpables. Sobre todo nos responsabilizan del desempleo y la delincuencia. Al no ser electores no cuentan con nosotros para nada. El problema de los inmigrantes se resolvería si votáramos”, dice Guerreño López. Además, comenta que actualmente ve más controles migratorios, que se hicieron allanamientos a inmigrantes y cree que no hay tanto interés en que la gente se regularice.

“A partir del nuevo Gobierno sentimos que volvimos a la época en que teníamos que luchar por nuestros derechos. Se retrocedió en todo, tenemos que volver a reclamar lo mínimo: derecho a la salud y educación. También, se cerró un programa de abordaje territorial que fue una herramienta que surgió del pedido de las organizaciones. Se iba a los barrios para comentarles a las personas cuáles eran las posibilidades para regularizarse porque muchas veces no se acercaban por falta de información”, cuenta Lourdes Rivadeneira. Ella es una líder peruana, que vive en el país desde hace 24 años, trabaja en El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) y coordina la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina.

En relación al centro de detención, Zulema Montero, abogada boliviana y presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna, dice que ningún lugar de encierro puede ser cómodo. Esto lo comenta aludiendo a los argumentos de funcionarios públicos, quienes destacan las condiciones dignas del lugar. Enfatizó: “como migrantes queremos que prevalezca la ley y la vamos a defender. Costó mucho conseguirla”.

Ana Paula Penchaszadeh, Doctora en Ciencias Sociales y Filosofía, especialista en migraciones cuenta que los inmigrantes que provienen del Mercosur tienen más facilidades para alcanzar la regularidad migratoria. En cambio, los que provienen de países africanos, Haití o República Dominicana, entre otros, tienen más dificultades para lograr la regularización documentaria. “Los manteros, muchos senegaleses, que están en las calles de Buenos Aires, no eligen trabajar ahí. La irregularidad produce marginación, y esta es penalizada por el Estado. Es decir, el Estado produce lo que penaliza”. Al pensar en soluciones, la investigadora sugiere: “se puede pensar en un centro abierto, sin privación de la libertad, donde se puedan alojar las familias y tengan allí apoyo para poder ver si pueden revertir la decisión de expulsión. El migrante es un sujeto de derecho”.

La autora

Florencia Tuchin (@flortuchin) es periodista argentina e historiadora especializada en sostenibilidad. Colabora en los medios Perfil y La Nación. Es columnista de Román Lejtman en Radio Nacional.

Al plantearle la problemática a Julián Curi, subdirector Nacional de Migraciones, dijo que hubo una gran desinformación y una campaña para generar miedo en los migrantes. Detalló: “las retenciones en la República Argentina son un mecanismo que va asociado a la expulsión y para llegar a ese punto un juez nos tiene que autorizar. El mecanismo de retención y expulsión se hace desde 2005. Lo nuevo es que las organizaciones no están de acuerdo con el Gobierno. Nosotros decimos que en el marco de la ley migratoria vamos a establecer un lugar exclusivo para la detención. En el centro va a haber solo once plazas y, para darle una contención adecuada, decidimos reacondicionar el lugar. Hay que tener en cuenta que este año dimos 130 mil residencias y el mes pasado 28 mil turnos”. Todavía no hay una fecha de apertura del Centro de detención, que estará ubicado en el barrio de Pompeya en Buenos Aires, porque primero van a llevar adelante las reformas del espacio en alianza con la Cruz Roja Internacional.

Las olas xenófobas crecen en el país y los migrantes salen a las calles para hacer visibles sus reclamos. Recientemente, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto preguntó en televisión: "¿cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres?". Este tipo de preguntas cargadas de nacionalismo, simplemente apuntan a fortalecer las fronteras y fomentan una mirada discriminatoria. Ante una crisis socioeconómica, los migrantes se vuelven el chivo expiatorio de todos los problemas.