Puertas giratorias

Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.