Canon digital: patata caliente del nuevo Gobierno

Pocas decisiones políticas han desatado protestas más virulentas como el canon digital. Varios ministros se han abrasado en un camino que al final ha llevado a ninguna parte. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó un modelo para compensar a los creadores por las copias realizadas por los usuarios para su uso privado que desencadenó la ira popular. Los socialistas optaron por gravar la venta de CD, DVD, reproductores de música MP3, fotocopiadoras, teléfonos y agendas electrónicas, toda vez que se suponía que estos instrumentos eran masivamente utilizados para copiar y almacenar contenidos sujetos a propiedad intelectual. El plan se basaba en repartir el dinero recaudado de manera equitativa entre los titulares de los derechos.

Antes de llegar Mariano Rajoy al poder, el PP se unió al coro que abanderó furibundos ataques contra este mecanismo, mientras acusaba a los artistas que respaldaban a Zapatero de querer vivir a costa del canon digital. Durante la campaña electoral de 2011 el propio Rajoy prometió acabar con el polémico gravamen. Y cumplió. En su lugar instauró (a través del real decreto, su gran baza legislativa) un sistema por el que las entidades de gestión de derechos recibían anualmente una cantidad a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

Ambas regulaciones, la socialista y la popular, han acabado tumbadas por la justicia europea. En el primer caso por entender que se aplicaba de forma indiscriminada, ya que todos los compradores de un DVD estaban obligados a pagar un recargo, independientemente de que lo usaran para grabar las canciones del hit parade o para almacenar el álbum de fotos familiares. El mérito se lo apuntaron los dueños de Padawan, una pequeña tienda de informática de Barcelona, que propiciaron la sentencia. En el segundo caso, el Tribunal de Luxemburgo declaró el canon incompatible con la normativa comunitaria porque al estar vinculado a los Presupuestos Generales recaía en todos, incluidas empresas y otros entes no sujetos al pago.

Con estas dos sentencias, el vilipendiado canon digital estaba inevitablemente tocado de muerte. Ahora el Tribunal Supremo, que presentó una cuestión prejudicial, le ha dado la puntilla definitiva. Ha declarado “nulo” e “inaplicable” el real decreto. Las entidades de gestión de derechos que recurrieron la ley estudian reclamar una indemnización. Alegan que tras la reforma del PP el importe anual que recibían rondaba los cinco millones de euros, frente a los 150 millones que facturaban con el método de Zapatero.

El Gobierno se ha apresurado a intentar calmar al sector. Pretende aprobar cuanto antes un sistema alternativo que satisfaga la jurisprudencia europea y española y a la vez cumpla con la directiva sobre derechos de autor. Será una patata caliente para el nuevo Ejecutivo. Aunque hasta ahora la regulación ha estado en manos del Ministerio de Cultura, habrá que ver qué tiene que decir el nuevo titular de Agenda Digital (además de Energía y Comercio), Álvaro Nadal.