¿Justicia para el oro de Kivu del Sur?

A veces los informes sirven para algo. Esto es lo que ha sucedido con el de Global Witness sobre el comercio ilegal de oro en el este de la República Democrática del Congo. Gracias a él, las autoridades del país han detenido a los principales responsables de esta actividad señalados en el documento.

El pasado mes de julio, en una entrada titulada Oro para alimentar la guerra de la RDC, contábamos como en el informe titulado Río de oro. Cómo el estado salió perdiendo de la fiebre del oro en el este del Congo, mientras grupos armados, una compañía minera extranjera y las autoridades provinciales se embolsan millones (River of Gold. How the state lost out in an eastern Congo gold boom, while armed groups, a foreign mining company and provincial authorities pocketed millions), Global Witness denunciaba que empresas extranjeras actuaban en complicidad con grupos armados de la República Democrática del Congo (RDC) para sacar del país ilegalmente oro por valor de millones de dólares.

Se estima en unos 28 mil millones de dólares el valor del oro enterrado bajo las arenas del este de la RDC. Los beneficios de este sector normalmente han financiado corrupción, abusos y conflictos violentos en vez de ir destinados a aliviar la pobreza que se vive en la región.

El informe denunciaba los vínculos existentes entre los grupos armados que operan en la región de Kivu del Sur, los mineros artesanales y los funcionarios de la zona de Shabunda y nombraba a algunos de los responsables directos de esta situación.

Según este, los grupos armados recibían dinero de una compañía minera privada china, además de extorsionar a los mineros artesanales de los que conseguían otros 25.000 dólares mensuales. El documento también reveló que en un solo año más de 17 millones de dólares en oro producido por la compañía Hou Kun desapareció, probablemente sacado de contrabando de la RDC

Ahora Global Witness se congratula por las acciones tomadas por el Ministerio de Minas de la RDC y la Comisión Nacional contra el Fraude en el Sector Minero (CNLFM) pero muestra su preocupación por las amenazas e intimidaciones contra miembros de la sociedad civil local y periodistas que apoyan la reforma del sector de la minería en Kivi del Sur.

La organización informa que cuatro personas han sido detenidas y trasladadas a Kinshasa como resultado de una investigación realizada por la CNLFM para verificar las alegaciones de Global Witness. Los cuatro detenidos son:

• Franck Menard, un francés representante de una compañía privada china que operaba ilegalmente en la zona y que, según Global Witness, distribuyó, al menos, 4.000 dólares y dos AK47 entre los grupos armados que operan en la zona de Shabunda.
• John Tshonga, el director de la agencia de minería artesanal de Kivu del Sur (SAESSCAM). El informe de Global Witness probaba que funcionarios de SAESSCAM colaboraban con los grupos armados y se repartían parte de los beneficios de la extracción del oro.
• Michel Liete Watuta, director de la sección de minas de Kivu del Sur que nunca mantuvo registros exactos de las exportaciones de oro de la zona.
• Adalbert Murhi Mubalama, ex ministro de Minas de Kivu del Sur, bajo cuyo mandato se multiplicaron las extracciones de oro.

Todos ellos están siendo interrogados por la Agencia de inteligencia del Congo (ANR) que será la que decida si son puestos en libertad o se presentan cargos formales contra ellos.

Tras el informe de Global Witness, el ministro de Minas de la RDC pidió una minuciosa “limpieza” del sector de la minería artesanal en Kivu del Sur y el enjuiciamiento de todos los funcionarios que se comprobase hubieran actuado de forma ilegal.

A continuación, la CNLF, viajó a Kivu del Sur a mediados de septiembre pasado y durante diez días se reunió y escuchó las observaciones y quejas de los distintos grupos y activistas de la región. La misión terminó con el arresto de las cuatro personas citadas antes y con la confiscación de una de las balsas que dragan el río perteneciente a la empresa china.

Estas buenas noticias van acompañadas de otras no tan positivas. Justo después de la publicación del informe de Global Witness, el ministro de Minas de Kivu del Sur publicó una orden muy restrictiva prohibiendo el acceso a las minas y sus alrededores a los miembros de la sociedad civil sin un permiso especial. Pero la presión de estas organizaciones y del propio Ministerio de Minas nacional provocaron su derogación.

Los grupos de la sociedad civil de la zona son muy activos y llevan desde 2014 denunciando la situación que se vivía en la zona de Shabunda, por eso el informe de Global Witness y la subsiguiente investigación lanzada por la CNLFM fueron muy bien recibidos tanto por los activistas como por los líderes locales.

Ahora piden que la CNLFM haga público el informe que elaboró tras su visita para conocer sus conclusiones y contribuir a la total transparencia del proceso.