Durão, la ley lava las conductas impropias
Una norma que permita que el expresidente de la Comisión fiche por Goldman Sachs no defiende los intereses de los ciudadanos y debe ser sustituida


Resumen sucinto de los hechos: un llamado comité de ética de la Comisión Europea ha dictaminado que Jose Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión, respetó las normas del código de conducta de los excomisarios cuando aceptó el empleo del banco de inversión Goldman Sachs; que dejó pasar escrupulosamente el plazo de cuarentena (18 meses) antes de aceptar la oferta (lo hizo a los 20 meses); y que, como el propio Durão ha explicado, no le han contratado para hacer lobby. Como las palabras de Durão no son confesión de parte (al revés, para que se entienda), el comité las ha creído a pies juntillas. Eso sí, el comité musita que Durão no analizó con suficiente profundidad el daño que podía causar a la UE fichando por Goldman.
Pero ¿no se trata de eso precisamente, de la credibilidad de la Comisión Europea y de su prestigio político ante otros poderes? No es la legalidad de los actos de Durão lo que debería interesar a los miembros de una comisión de ética (¡faltaría más que el fichaje no se ajustase al código!) sino el buen o mal ejemplo de su conducta y la gravedad del precedente lo que deberían examinar. La legalidad raras veces es un obstáculo para las conductas impropias. España, madre de culturas, también es madrastra de prácticas de prestidigitación que permiten burlar la ley con la legitimidad y la legitimidad con la ley. Recuérdese que a partir de 1996, gracias a la fétida teología jurídica desarrollada por los Gobiernos de Aznar, responsables políticos pasaron a ocupar presidencias bien remuneradas de empresas sin tocar ni manchar la ley. ¿Que un responsable de una dirección general quería ser presidente de una de las empresas que gestionaba políticamente? Pues un informe de Administraciones Públicas avalaba la legalidad del acto y ya tenía el escudo que necesitaba.
A esto se le llama puertas giratorias y está escrito que ninguna ley prevalecerá contra ellas. Por asombroso que parezca, Durão, Neelie Kroes (excomisaria de la Competencia, contratada por Uber, cuya actividad defendió cuando era comisaria) o Connie Hedegaard (excomisaria de Cambio Climático, fichada por ¡Volkswagen!) demuestran que la vergüenza por conducta impropia está en desuso; que la línea ética puede defenderse desde la legalidad, pero no solo a través de ella; y que una norma que permita que el expresidente de la Comisión fiche por Goldman Sachs (el banco que asesoró a Grecia para que engañara a las autoridades europeas) no defiende los intereses de los ciudadanos y debe ser sustituida por otra más acorde con la imagen que Europa quiere y debe ofrecer.
Conclusión sucinta como remedio apresurado: tres años de incompatibilidad al menos, tribunales éticos capaces de sancionar en función del daño “reputacional” causado y listas de inhabilitación política para quienes escondan la inmoralidad detrás de la legalidad. Pero los Robespierre que deben constituir los tribunales éticos quizá estén pensando hoy en la puerta por la que saldrán en el futuro. Como cantaba Walter Jackson “It's an uphill climb to the bottom” (Un camino muy cuesta arriba hasta el fondo del pozo).
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