Leyes de mala calidad

Va camino de convertirse en costumbre que los tribunales europeos rectifiquen y pongan en duda la legalidad de normas y leyes significativas de la legislación española. Recientemente sucedió con la regulación de las indemnizaciones a los interinos, puesta en solfa por el Tribunal de Justicia de la UE. Ahora el mismo tribunal ha dictaminado que la destitución de los anteriores presidente y vicepresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, ocurrida en la integración de la CMT en un organismo más amplio, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), es contraria al derecho comunitario. Y no porque el Tribunal se oponga a la integración, sino porque, sin garantías que establezcan cómo ha de procederse al cambio en casos de integración, no está garantizada la neutralidad e impermeabilidad del organismo.

El Gobierno de Rajoy, en línea con los anteriores de Aznar, ha mostrado una pertinaz hostilidad a la independencia de los organismos reguladores. Ha hecho lo posible, que era y es mucho, para convertirlos en organismos autónomos administrativos, obedientes a la autoridad del ministerio correspondiente. No es casual que el presidente de la CNMC, José María Marín, haya pedido en el Congreso más competencias para el organismo ni tampoco que haya recordado que la Comisión es “el único regulador eléctrico de Europa cuyas decisiones no son vinculantes”. La fusión de los reguladores en un cuerpo único (la CNMC), que también se examina en Bruselas, fue un movimiento poco disimulado para eliminar la presencia de gestores nombrados por el Gobierno anterior (del PSOE).

La legislatura de Rajoy se ha caracterizado, entre otras cosas, por incontinencia legislativa —por decreto ley para soslayar la fiscalización del Congreso— y una mala calidad generalizada de los textos legales. El de la creación de la CNMC es un caso que, probablemente, volverá a repetirse.