Juicio a las ‘black’

El juicio por las tarjetas black de Bankia, en el que están implicados hasta 65 directivos y consejeros (entre ellos, los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato) de Caja Madrid y Bankia, tiene algunas características de excepcional interés. La primera es que el tribunal ha decidido que todos los procesados estén presentes en la sala en todo momento, lo que implica una exigencia de severidad derivada del carácter colectivo de los hechos que se están juzgando. La segunda es que en el banquillo se sientan representantes del PP, PSOE e Izquierda Unida, sindicatos y patronales. Una circunstancia que no debería conducir a lecturas equívocas, como “un juicio a la clase política” u otras generalizaciones abusivas e inútiles.

Lo que en realidad se juzga es un modo de mezclar política y gestión financiera. Es el modelo según el cual la alta representación de una entidad financiera (directivos y consejeros) operan con los recursos de Caja Madrid primero y de Bankia después, con independencia de la situación objetiva del grupo. Lo que plantean la acusación particular y el FROB es algo tan sencillo e intuitivamente correcto como que los 12 millones de gastos facturados “a discreción” a un grupo que requirió ayudas públicas por más de 22.000 millones no pueden quedar a la discrecionalidad de los titulares y al margen del control del Consejo y de los supervisores.

El tribunal tendrá que decidir si las cuantiosas disposiciones discrecionales eran o no salario de los directivos; si la respuesta fuera afirmativa, no habría delito. En el caso de los consejeros, la defensa parece más difícil; la ley exige que los gastos de representación se consideren dietas. No debe olvidarse el hecho que apunta al supuesto fraude principal: existió un mecanismo de ocultación de los gastos incontrolados imputándolos a la cuenta de fallidos. Este es otro de los puntos neurálgicos del proceso: quién alentó la ocultación, quién la organizó y quién la consintió.