¿Las ciudades más ecológicas son más desiguales?

(*) Por Isabelle Anguelovski

Mejorar la calidad medioambiental en las comunidades urbanas tradicionalmente desfavorecidas

En la década de 1980, cuando los activistas a favor de la justicia ambiental (EJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y otros países se organizaron por primera vez de manera visible para hacer frente al impacto desigual de la contaminación ambiental y los desechos, era evidente quiénes estaban en su punto de mira: las fábricas contaminantes, los infractores de las normativas sobre vertidos o los operadores de las incineradoras de residuos, así como sus cómplices en los Gobiernos, que habían sido incapaces de regular sus actividades o habían hecho la vista gorda. Formaban lo que la población consideraba Usos del Suelo no Deseados por las Comunidades Locales, o LULUs, por sus siglas en inglés.

Desde que se produjeron las primeras protestas de los militantes de la justicia ambiental en Love Canal, en el estado de Nueva York, en 1978, y en el Condado de Warren, en Carolina del Norte, en 1982, pusieron de manifiesto que los residuos tóxicos abundaban sobre todo en las comunidades de bajos ingresos y habitadas por minorías, y auguraron una larga lucha por remediar las desigualdades y el racismo ambientales, una lucha que ha vuelto a estar de actualidad a raíz de la reciente contaminación por plomo y el envenenamiento de más de 6.000 niños, la mayoría negros, ocurridos en Flint, en el estado de Michigan.

Sin embargo, con el tiempo, el activismo a favor de la justicia ambiental en zonas urbanas ha adquirido múltiples vertientes, y engloba a grupos locales que trabajan en proyectos diversos dirigidos a mejorar activamente el medio ambiente, como granjas urbanas, huertos, corredores ecológicos, áreas de juego y parques, que se apoyan mutuamente, atienden a las necesidades en cuanto a salud física y mental, y dan solución a años de abandono de las comunidades y trauma medioambiental. Entre los ejemplos emblemáticos de esta clase de movilización colectiva están los de los barrios de Sant Pere y Santa Caterina en Barcelona, Cayo Hueso en La Habana, o Dudley en Boston.

La planificación ecológica de las ciudades da lugar a nuevas formas de desigualdad para los habitantes pobres o pertenecientes a minorías

Sin embargo, la planificación ecológica de las ciudades parece que se está traduciendo cada vez más en tendencias a la gentrificación ambiental, es decir, a la ejecución de proyectos de planificación ambiental relacionados con espacios verdes públicos que desembocan en la exclusión de los grupos más vulnerables, al tiempo que adoptan una ética ambiental que promete beneficios para todos (Dooling, 2009, y Checker, 2011). La gentrificación llama la atención sobre el hecho de que los bienes ambientales nuevos o recuperados suelen venir acompañados por un aumento del valor de las propiedades inmobiliarias, lo cual, a su vez, atrae a grupos más ricos, mientras que abre una brecha mayor con los barrios más pobres. Significa, asimismo, que la gente es expulsada de sus casas, de sus redes de relaciones y de sus medios de vida.

En muchos casos, el equipamiento de los barrios con zonas verdes ‒ejemplificado por los parques nuevos o recuperados, las infraestructuras y los cinturones verdes, los corredores ecológicos o las instalaciones adaptadas al cambio climático‒ está patrocinado oficialmente por los responsables políticos municipales y por cargos electos porque les resulta útil para cumplir con su programa de sostenibilidad. Un ejemplo estéticamente vívido de gentrificación verde es la zona ajardinada de la High Line, en Nueva York, una antigua ferrovía elevada que el Ayuntamiento restauró y transformó en una extensa zona verde urbana que actualmente recibe cinco millones de visitantes al año. La transformación ha estado acompañada por importantes aumentos de los precios de las propiedades en el barrio y por la exclusión de los comercios locales y los residentes de clase trabajadora debido a la subida de los alquileres. De hecho, entre 2003 y 2011, los precios de las propiedades inmobiliarias en los alrededores de la High Line aumentaron un 103%, y se multiplicaron las promociones de bloques de viviendas de lujo, entre ellos los proyectos 505 West 19 Street o 551W21. En Barcelona, un estudio preliminar llevado a cabo también por mí en 2015 mostró ejemplos de gentrificación medioambiental alrededor de los nuevos parques y zonas verdes creados por el Ayuntamiento en el distrito de San Martí, al que se han mudado habitantes más ricos y con un nivel de estudios superior, mientras que los socialmente vulnerables se han marchado.

En consecuencia, numerosos ejemplos ilustran que la planificación ecológica puede ser contraproducente para los grupos que luchan por la justicia ambiental si las inversiones públicas en equipamientos verdes tales como parques, paseos, zonas de ribera, corredores ecológicos e incluso carriles para bicicletas hacen que aparezcan nuevas clases de desigualdades. Si bien a primera vista estos proyectos son beneficiosos para los habitantes que antes padecían el abandono medioambiental, en realidad, a medio plazo solo los grupos más ricos y con un nivel educativo más alto pueden permitirse los precios más caros de las propiedades inmobiliarias que, al parecer, son consecuencia de los proyectos de planificación ambiental. Por lo visto, estas iniciativas medioambientales generan oportunidades de obtener ganancias para los promotores y las agencias inmobiliarias que especulan con el "salto" de los alquileres como resultado de la presencia de vertederos o parcelas vacías reconvertidas en zonas verdes y de la construcción de nuevas viviendas de lujo para clases sociales más privilegiadas.

Nuevas paradojas para el activismo a favor de la justicia ambiental y perspectivas de futuro

En consecuencia, las intervenciones urbanas en nombre de la mejora medioambiental o la sostenibilidad originan una nueva paradoja para los activistas defensores de un programa de justicia ambiental. Efectivamente, muchos de ellos están empezando a considerar dichas intervenciones GREENLULUS (lo que yo llamo "usos ecológicos del suelo no deseados por las comunidades locales") debido a que excluyen a gran número de grupos marginales de las ventajas de los equipamientos verdes nuevos o recuperados.

Para hacer frente a la gentrificación ambiental, las organizaciones sin ánimo de lucro han empezado a conectar la meta de la justicia ambiental con otros programas. Gran parte de sus reivindicaciones giran en torno a la asequibilidad de la vivienda, el control de los alquileres, la protección de los pequeños negocios de propiedad local y la preservación de la identidad del sitio, incluida la antigua historia industrial. En lo que se refiere a los Ayuntamientos, adquirir nuevos compromisos con la vivienda pública o social, las estrategias de creación de riqueza para la comunidad, las iniciativas de control del suelo público, e incluso la reforma fiscal municipal deberían ser el centro de la planificación ecológica de los ayuntamientos. Por ejemplo, se ha demostrado que las organizaciones locales para la gestión de los bienes de interés colectivo, como la de la calle Dudley, en Boston, dan a la gente más poder sobre qué clase de desarrollo se lleva a cabo en su barrio, y le permiten controlar la especulación inmobiliaria.

A pesar del impacto de la gentrificación ambiental, rechazo la peligrosa postura (que algunos considerarían el siguiente paso lógico) consistente en instar a la supresión o la anulación de los equipamientos medioambientales nuevos o recuperados en los barrios pobres o en las comunidades negras. Esta clase de decisiones aumentaría su marginalidad, concentraría las inversiones verdes o enfocadas a la sostenibilidad en los barrios más lujosos o privilegiados, y acabaría por dar lugar a nuevos ciclos de abandono y desinversión en las comunidades urbanas desfavorecidas. Cuando empleo el término GREENLULUS para referirme a los equipamientos verdes nuevos o recuperados en comunidades urbanas con escasos recursos económicos sometidas a procesos de transformación medioambiental, mi intención es volver a dotar de contenido político a una retórica de la sostenibilidad pospolítica y llamar la atención sobre el hecho de que los proyectos medioambientales no siempre ‒ni mucho menos‒ tienen repercusiones beneficiosas para todos los habitantes de la ciudad.

En suma, la gentrificación medioambiental nos obliga a preguntarnos si las ciudades verdes pueden ser justas. ¿Los procesos urbanos de mejora medioambiental en realidad reproducen o exacerban las desigualdades socioespaciales en las ciudades? ¿En qué condiciones los proyectos de mejora de las condiciones medioambientales en los barrios desfavorecidos redistribuyen positivamente el acceso a los servicios ambientales? Todavía hay mucho en juego para que la puesta en práctica de la planificación ambiental tenga más poder transformador y sea más igualitaria durante y después de la ejecución de los equipamientos verdes nuevos o recuperados.

* Isabelle Anguelovski es investigadora principal del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Univeridad Autónoma de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.