Acabar con el ‘roaming’

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen libertad de movimientos para desplazarse de un país a otro, pero sus teléfonos móviles están sujetos a importantes recargos si los activan desde el extranjero para realizar llamadas, consultar su correo electrónico o acceder a Internet. Hacer uso del móvil en itinerancia —el famoso roaming—implica afrontar tarifas especiales, a menudo abusivas y de las que los usuarios no siempre son conscientes.

Hace un año, tras una década de arduas negociaciones, se aprobó el reglamento del Mercado Único de Telecomunicaciones, que prometía el fin de los sobrecostes tarifarios en junio de 2017. Ante la presión de los operadores, Bruselas dio la semana pasada un giro inesperado: las compañías no cobrarían precios extra solo si el usuario cumplía determinadas condiciones, tales como no pasar en el extranjero más de 30 días seguidos o 90 en todo el año. La UE justificaba las restricciones apelando a la denominada política de “uso razonable”, que establecía limitaciones para evitar abusos por parte de los clientes o fraudes a través la adquisición de tarjetas SIM.

La oleada de protestas desencadenada por consumidores, organizaciones sociales y eurodiputados ha llevado al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a retirar el controvertido proyecto y a promover una “nueva versión”.

En la era de la sociedad de la información y la comunicación, mantener las fronteras que obstaculizan el tráfico de datos es un ejercicio que perjudica a todos: Gobiernos, empresas y ciudadanos. Europa debe buscar fórmulas ambiciosas para garantizar que el fin de los sobreprecios en la telefonía móvil llegue en la fecha prevista, sin sacarse de la manga más moratorias ni sembrar el camino de parches. La integración europea exige un mercado interior que funcione, y este es incompatible con el roaming.