Rendir cuentas

La renuncia de José Manuel Soria a una dirección ejecutiva del Banco Mundial no da carpetazo al escándalo provocado por la decisión adoptada en su día. Hay mucho que explicar sobre la cacofonía de voces gubernamentales surgidas a partir de esa medida, cuando decían que el Ejecutivo nada tenía que ver con la designación, que se había adoptado “por concurso” o que una comisión técnica había evaluado la candidatura. No hay lugar más idóneo para dar explicaciones que el Congreso de los Diputados y será obligado hacerlo en una sesión plenaria si un número suficiente de grupos parlamentarios exige que así se haga. Ciudadanos también lo pide, contra el criterio inicial del PP, que prefiere una explicación más somera.

Todo lo sucedido en torno al caso Soria es un ejemplo palmario del deterioro producido por la prolongada provisionalidad política que se vive en España. Esto se traduce en un Ejecutivo que continúa adoptando medidas sin tomarse la molestia de explicarlas. No hay necesidad de perderse en tecnicismos jurídicos para acordar que rendir cuentas es indispensable en democracia. Los años de mayoría absoluta anestesiaron el cumplimiento de esta obligación, pero en el Congreso actual todos los grupos son minorías, de modo que huelga que el Gobierno, por interino que sea, pretenda guerrear contra el Congreso con la esperanza de que pase el tiempo sin rendir cuentas.

Ante el Tribunal Constitucional hay planteada una batalla formal entre las dos instituciones, tras los incidentes sucedidos en la pasada legislatura, en que el Gobierno de Rajoy se negó repetidamente a comparecencias solicitadas por el Congreso, alegando su interinidad y el hecho de haber sido nombrado con una composición diferente de las cámaras. Sin embargo, el alto tribunal continúa sin resolver si el Ejecutivo en funciones debe someterse o no al control parlamentario. Mientras tanto, el equipo de Rajoy gobierna con muy pocos controles desde hace casi un año.

La apoteosis del absurdo es permitir que esto ocurra, en vez de dar paso de una vez a un Ejecutivo con plenas competencias. Tenemos tan poca confianza en la capacidad del Congreso, dominado por un solo partido en las legislaturas de mayoría absoluta, que aplicamos el mismo mecanismo mental a las situaciones en que no existe esa mayoría monocolor. Un Ejecutivo instalado con arreglo a la Constitución sí es controlable por un Parlamento de minorías. Es más, ninguna ley orgánica puede aprobarse solo con los votos de una de ellas.

La oposición u oposiciones tendrían más fuerza frente a un Gobierno minoritario, pero de verdad, que desgastándose contra un Ejecutivo en funciones habituado a navegar en las escurridizas aguas de la ambigüedad legal. A la espera de que el Congreso de los Diputados cumpla la primera de sus obligaciones constitucionales, que es la de elegir a un jefe del Gobierno, el equipo de Rajoy debe aprender la lección, manejar con prudencia las medidas importantes en tiempo de interinidad y ahorrarse decisiones unilaterales, solo explicables en situaciones políticas que ya no existen.