Solidaridad a costa de derechos

Que la solidaridad suple las tareas que no cubren los Gobiernos es un clásico. ¿Qué sentido tendrían los comedores sociales, los cooperantes sanitarios y los albergues si la Administración garantizara la comida, la salud y la vivienda? Pero la iniciativa belga —copiada de la ley francesa de hace un año— de que sean los compañeros de trabajo los que creen una especie de banco de horas para que uno de ellos pueda librar para cuidar a un hijo gravemente enfermo es una vuelta de tuerca más. La idea es sencilla: si fulano tiene que estar en el hospital con su bebé, sus horas se las hacen sus colegas de la empresa. Y todos tan contentos. O casi.

Felices, primero, los compañeros: a todos nos gustaría sentir que un colega —y, sin embargo, amigo— está con su hijo por el esfuerzo de salir de la oficina dos horas más tarde. Pero, sobre todo, estará encantada la empresa (el trabajo sale igual y no le cuesta un duro) y la Administración, que ni se entera. A priori, parece una iniciativa en la que los que pierden, los trabajadores, lo hacen a gusto.

Pero ese barniz de satisfacción personal oculta un fraude social. Merece la pena escuchar los reparos de los sindicatos —los belgas ahora; los franceses, antes— a la medida. Para empezar, deja en manos de la buena voluntad de los demás lo que debería ser un derecho: que un progenitor pueda acompañar a un hijo que está grave. ¿Qué sucede si el afectado le cae mal a la plantilla y nadie se ofrece a ayudar? ¿Y si coinciden dos o tres personas en esa situación, hasta dónde pueden/deben los demás arrimar el hombro? También se plantea una cuestión de igualdad. No es lo mismo que falte un operario de una fábrica de mil trabajadores y repartir su trabajo entre todos, que hacerlo en una oficina con solo tres empleados.

Sin hacer de menos la buena voluntad de los que se ofrecen a ayudar a un compañero en apuros, un asunto tan importante como la atención de un niño no debería quedar en manos de la simpatía de uno, la generosidad de otros o, llevado al extremo, de la capacidad del interesado para hacer un chantaje emocional a los demás, que también puede pasar.

Un Estado que esgrime el beneficio del menor en todo lo que hace, desde regular las series de televisión a los horarios de las piscinas, debe entender que unos padres falten al trabajo cuando su hijo recibe quimioterapia, por ejemplo. Y ayudar a que puedan atender lo prioritario: las personas más vulnerables de su entorno. De hecho, ya en Bélgica existe una ley que garantiza una baja de hasta 48 meses para estos casos. Por desgracia, hay enfermedades y convalecencias que duran más. Algunas, como los casos de personas con gran discapacidad, se alargan toda una vida. Pero para eso debería haber sistemas de ayudas, de conciliación, sufragados con fondos públicos. No algo que dependa de un bien tan volátil y manipulable como la buena voluntad.

(En España, por cierto, ya en 2010 se establecieron reducciones de jornada remuneradas para padres con hijos con cáncer. No lo cubren todo, pero indican un camino).