Ortega se quita la máscara

Daniel Ortega, líder de los sandinistas y presidente de Nicaragua, ha dado un paso más en su deriva totalitaria. En junio ya maniobró para despejar el camino y conquistar su tercer mandato consecutivo en las elecciones de noviembre. Consiguió que la Corte Suprema anulara la candidatura de su rival Luis Callejas y forzó así a la oposición a renunciar a presentarse. Poco antes había logrado que los comicios se realicen sin la presencia de observadores internacionales. Pero ha sido esta semana cuando ha revelado la perversa envergadura de su proyecto. Con el nombramiento de su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia, asegura la continuidad en el poder de su círculo familiar. Y recupera así, en una vuelta de tuerca de amarga ironía, la abyecta tradición de la dictadura dinástica que en siglo XX fue encarnada en su país durante 45 años por los Somoza.

Fue en 1979 la revolución sandinista, en la que Ortega jugó un indiscutible papel, la que acabó con aquel régimen familiar que había agravado las desigualdades del país, y la que generó la esperanza en un país más justo y más próspero. El sueño duró lo que duró —con una guerra de por medio—, y en 1990 el Frente Sandinista entregó el poder tras perder las elecciones: había ganado la democracia.

Ha sido esa democracia la que Ortega ha ido retorciendo desde que recuperó la presidencia en 2007. Fue concentrando en sus manos todos los poderes del Estado, cambió la Constitución para optar a una reelección indefinida, colocó a sus hijos en puestos estratégicos para tener las riendas financieras y el control de los medios de comunicación, logró seducir a la Iglesia y se blindó tras un discurso populista a la manera de Chávez. Nicaragua es hoy uno de los países con mayor crecimiento económico de la zona y también de los más seguros. Pero eso no justifica convertir la democracia en una caricatura y el Gobierno en el feudo de una familia corrupta.